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Caso Odebrecht: Fiscalía realizó diligencias por caso Gasoducto del Sur
Equipo de fiscales llegó a las oficinas de la empresa brasileña para recabar documentación.
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El fiscal anticorrupción Reinaldo Abia dirigió este viernes una diligencia en la sede de la empresa Odebrecht, acusada de pagar millonarios sobornos a funcionarios peruanos, para recabar información relacionada a la licitación del proyecto Gasoducto del Sur.
Abia, quien investiga el presunto favorecimiento del que habría gozado la firma brasileña para adjudicarse la megaobra en 2014, llegó a las oficinas de la compañía en San Isidro al promediar las 11:00 a.m.
Allí, representantes de Odebrecht firmaron un acta de entendimiento con los representantes del Ministerio Público para entregar la información que ayude a esclarecer las indagaciones.
Los funcionarios públicos recabaron documentación durante cuatro horas. A su salida del edificio, el fiscal a cargo del caso saludó la disposición de la empresa para colaborar.
"Odebrecht está colaborando con la entrega de información que es vital para que se aclaren los hechos", expresó Abia en breves declaraciones a la prensa.
Consultado sobre el contenido de los documentos, apuntó que "se ha proporcionado información que es reservada".
Cabe recordar que la investigación de la Fiscalía en este caso tiene como principal implicada a la ex primera dama Nadine Heredia, por presuntamente haber influido en las negociaciones para que Odebrecht ganara la licitación del gasoducto. Se incluye, además, al ex director de la empresa brasileña en Perú, Jorge Barata, y a una decena de ex funcionarios del gobierno y de la compañía. Barata se ha sometido a la delación premiada en su país.
En calidad de testigos, la Fiscalía ha citado a declarar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, así como a sus predecesores Ollanta Humala (esposo de Heredia) y Alan García.
Datos
- El consorcio que se adjudicó la concesión del gasoducto lo integraron Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.
- El cuestionado megaproyecto, que tras el escándalo pasó a dominio del Estado, demanda una inversión de US$7,300 millones.
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