Caso Orellana: Ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia denunció a testigos

A pocos días de que la fiscal de Lavado de Activos Marita Barreto decida archivar o denunciar ante el juzgado penal a Rodolfo Orellana y a su red de cómplices, una resolución fiscal emitida en los últimos días podría terminar beneficiando al investigado abogado, pero también al ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.

El fiscal Marco Guzmán Baca, de la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima (FPPL), decidió formalizar denuncia penal contra las ex registradoras de la Sunarp, María Zaplana y Adriana Delgado, por el delito de falsedad genérica en perjuicio de Ramos Heredia y el Congreso de la República.

La denuncia la había interpuesta, obviamente, Ramos Heredia. Cabe recordar que Zaplana y Delgado dijeron en 2014, ante la comisión investigadora del Congreso que indagó los vínculos de Rodolfo Orellana, que Ramos Heredia concurrió en reiteradas oportunidades al búnker del encarcelado letrado, en San Borja.

Ambas testigos también se ratificaron de sus afirmaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que investigó a Ramos Heredia por su presunta vinculación con el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez, y 'La Centralita'. Como resultado de las indagaciones, el CNM decidió destituir al magistrado.

Lo preocupante es el argumento del fiscal Guzmán Baca para denunciar a las testigos. Señala que los testimonios serían carentes de veracidad: "Existen indicios objetivos, razonables y reveladores de la comisión del injusto penal que se denuncia, al haber ratificado las imputaciones en sus versiones, sin brindar ninguna prueba que corrobore".

También se aprecia en la resolución fiscal que las declaraciones de Zaplana y Delgado sindicaron ese vínculo entre el ex fiscal supremo Ramos Heredia y Orellana; el primero se desempeñaba como jefe del Órgano de Control Interno del Ministerio Público y el segundo tenía un estudio de abogados dedicado al rubro inmobiliario.

Asimismo, se observa en la resolución que el fiscal Guzmán Baca tomó la decisión de denunciar a las testigos sin considerar la declaración testimonial de Rodolfo Orellana, quien se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas.

Tampoco tomó la declaración del entonces presidente de la comisión investigadora del Congreso de la República, Vicente Zevallos, ni recabó los documentos que obran en la fiscalía que investiga el caso de Orellana.

En su escrito, el fiscal solicita al juzgado la comparecencia con restricciones de las denunciadas Zaplana y Delgado y el embargo preventivo de sus bienes. Situación que podría afectar las investigaciones que sigue la fiscal Marita Barreto en vista de que sus indagaciones están sustentadas en testigos y colaboradores que podrían correr la misma suerte de las ex registradoras María Zaplana y Adriana Delgado.