Christian Salas Beteta: "Barata sabe que su sola declaración no sirve"

El segundo remezón fue más fuerte que el primero. La declaración de ayer de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, salpicó a toda la clase política. Según declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, Odebrecht dio dinero para las campañas electorales de Keiko Fujimori (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2011), Alejandro Toledo (2011), Alan García (2006), y Susana Villarán (revocatoria de 2013). Al ramillete de políticos mencionados se suma Ollanta Humala, a quien Barata sindicó el jueves. ¿Cuál es el futuro legal de estos personajes? El abogado Christian Salas lo explica en esta entrevista.

Después de las declaraciones del ex ejecutivo Jorge Barata, ¿qué acciones espera de los fiscales peruanos?
Lo primero es que la Fiscalía tiene la coincidencia de esta versión con lo que dijo el señor Marcelo Odebrecht. Lo segundo es que ahora la Fiscalía va a tener que acreditar con documentación la versión del señor Barata. Es decir, él no solo debe cumplir con dar su declaración. Eso no basta. Él está obligado a suministrar la documentación o, en todo caso, le dirá a la Fiscalía dónde puede encontrar esos datos que corroboren su versión. A partir de allí, siguiendo esa ruta, la Fiscalía tendría que verificar si los datos son ciertos.

¿Qué es lo que corresponde que la Fiscalía compruebe para hallar responsables y formular acusaciones?
Hay varios ámbitos de probanza que la Fiscalía debe conseguir. El primero es vincular el dinero aportado a campañas con actividades ilícitas. Eso es crucial. Sin un delito fuente, no hay lavado de activos.

¿Probar que el dinero proviene de la Caja 2?
Efectivamente, porque según el propio Marcelo Odebrecht, el dinero de esta caja habría tenido siempre un objetivo ilícito, que era repartir coimas a funcionarios. Lo segundo que la Fiscalía tiene que probar es que ese dinero llegó a estos candidatos políticos, directamente o a través de emisarios. Esto es importantísimo puesto que no todo el dinero habría sido usado para la campaña. En el caso de Nadine Heredia, parte de este dinero fue a parar a intereses personales. El tercer ámbito es determinar si los líderes de estos partidos políticos tuvieron conocimiento de que este dinero provenía de Odebrecht y de actividades ilícitas de esta empresa.

¿Cómo se puede probar eso?
Con declaraciones de personas del entorno. En el caso de Ollanta Humala, tenemos a colaboradores que habrían sido asesores de él y que habrían brindado no solo su versión sino documentación que acredita que había un vínculo estrecho entre Humala y el manejo financiero del partido.

¿En el caso de Humala y Heredia ya la Fiscalía debe formalizar la acusación?
No lo sé porque es el fiscal el que tiene que determinar si todos los ámbitos que yo le he señalado están suficientemente probados. De lo contrario, continuará con las diligencias. La idea es que estos casos vayan a juicio con abundante material probatorio para que luego no se caigan.

Barata declaró que entregó dinero a la campaña de Fujimori, García y PPK, pero a través de terceros. ¿Eso, de alguna manera, los salva?
No, la hipótesis que va a plantear el fiscal no es que Jorge Barata u Odebrecht le entregaron en la mano dinero al candidato presidencial. Obviamente así no funciona. Aquí hay toda una secuencia y hay roles de intervención que el fiscal debe probar. Entonces, la declaración de Barata se va a limitar a indicar que él entregó dinero a un emisario equis. El fiscal tiene que corroborar eso y luego investigar a ese emisario, levantarle su secreto de comunicaciones, ver reporte migratorio, su vinculación con el candidato...

¿Se debe levantar el secreto de las comunicaciones de todos los terceros mencionados?
Efectivamente. Su reporte migratorio, su secreto de las comunicaciones, su secreto bancario, correos electrónicos. Ahora tenemos a otras personas que antes no figuraban y que no estaban sometidas a un procesamiento.

La abogada de Fujimori, Giuliana Lazo, aseguró que Barata dijo que no tiene cómo probar lo que mencionó sobre su defendida.
Entiendo que Barata tiene claro que su sola declaración no le sirve a él para ser aceptado como colaborador eficaz en Perú. Su sola versión no sirve, por eso entiendo que él ha ofrecido corroborar lo que dice con documentos.
En el caso de PPK, ¿qué medidas puede tomar la Fiscalía?
Según la Constitución, el presidente no puede ser sometido a un procesamiento mientras esté en ejercicio del cargo. Tiene protección política y jurídica. Entonces, hay dos alternativas, la primera es la vacancia y la segunda es esperar a que termine su mandato. Ahora solo puede ser investigado preliminarmente.

¿La declaración de Barata sustenta que se dicten medidas restrictivas contra algunos de los mencionados, como sucedió con los ex presidentes Toledo y Humala?
Lo que ocurre es que los casos de Humala y Toledo son los que comenzaron y por eso los fiscales han tenido más tiempo, no solo para obtener las declaraciones de Barata y otros colaboradores sino también para reunir documentación abundante. Son casos que ya tienen varios años y es por ello que ya hay estas medidas tan fuertes. Los casos de Alan García, indagado preliminarmente en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, y de Keiko Fujimori, que no está investigada por corrupción sino por lavado de activos, aún están comenzando y el fiscal tiene que reunir material probatorio para que su pedido de prisión preventiva no se caiga.

¿Pero sí se complica la situación de estos personajes?
Se va a complicar cuando Barata ofrezca los documentos que corroboren sus dichos o diga dónde se puede encontrar esa documentación. Cuando el fiscal logre tener acceso a esos datos, créame que tendremos muchos pedidos de prisión preventiva y procesamiento de personas que hasta hoy no figuran en los casos.

AUTOFICHA

- “Nací en la ciudad de Lima. Soy abogado penalista y director de la firma Salas Beteta Abogados. Conferencista nacional e internacional y presidente de la Escuela de Litigación Oral y Técnicas de Negociación. He estado a cargo de la Procuraduría Anticorrupción del Perú hasta el año 2014”.

- “Recordemos que el supuesto financiamiento a Susana Villarán fue para la campaña del No a la revocatoria y la hipótesis fiscal era que Odebrecht quería mantenerla en la Alcaldía para viabilizar los proyectos y contratos que ya había en marcha. Eso es lo que se tendrá que probar”.

- “Lo que sucede con Keiko Fujimori es diferente en la medida que ella no llegó a ser autoridad, a diferencia de los otros personajes. Por ello la investigan por lavado de activos y no por corrupción. En el caso de los demás candidatos presidenciales involucrados, se los investiga por ambos delitos”.