Comisarías, sedes judiciales, aeropuertos y mineras son incinerados por subversivos

Las movilizaciones contra la actual administración se reanudaron el 4 de enero y, desde entonces, los actos de violencia no cesan. Ese día, un grupo de sujetos quemó una caseta de peaje en la vía Ilave-Puno.

El 6 de enero, un vehículo PNP fue incendiado en Juliaca, resultando dos policías heridos; tres días después, otro vehículo policial fue bañado en combustible y quemado, encontrándose en su interior el suboficial José Soncco (29). También se incendió la sede del Poder Judicial de Ilave-Collao.

El 10 de enero subversivos disfrazados de manifestantes incendiaron la sede judicial de Lircay-Angares (Huancavelica). El 12 de enero, se ingresó de forma violenta al campamento minero de Antapaccay (Cusco) y se quemaron dos vehículos, mientras que el 18 se quemó la vivienda familiar del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, así como la sede judicial de Macusani, destruyendo expedientes judiciales y equipos.

Al día siguiente, un grupo de sujetos logró irrumpir en el aeropuerto de Arequipa, y quemó luces de aterrizaje y una caseta. Ese 19 de enero también se quemaron tres volquetes de la minera Hudbay en Cusco, mientras que en Puno una turba prendió fuego a la comisaría de Macusani.

Y el viernes se saqueó y quemó parte del campamento de Antapaccay (Cusco), así como se quemó la comisaría de Zepita (Puno), se dejó en cenizas el puesto aduanero del CEBAF en Desaguadero (Puno) e incluso se incendiaron dos unidades mineras de Huisamarca (Cusco) y Utunsa (Apurímac) de la empresa Anabi. El último acto fue la quema de la comisaría de Ilave (Puno) ayer.

“Hay una población legítimamente movilizada, qué duda cabe. Pero sobre ella hay oportunistas, violentistas, criminales vinculados a las economías ilegales y al terrorismo que están atacando a los activos críticos con la finalidad de crear más pánico, más zozobra”, dijo el exministro del Interior, Rubén Vargas.

A su juicio, “hay un patrón en los ataques”, que se realizan con la finalidad de causar zozobra y miedo “con fines políticos”.

El especialista en seguridad Pedro Yaranga coincidió en que detrás de estos hechos hay una planificación, y que “se está trabajando más con un proyecto político, nada reivindicativo”. “Lo que denomina ahí es la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico. Para ellos, la presencia de la PNP es una amenaza; lo que están haciendo es un poco sacar a la Policía, al PJ y ellos buscar reinar ahí”, aseveró.