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Comisión de Fiscalización recomienda acusación constitucional para Pedro Castillo
“Existen elementos indiciarios que el expresidente presuntamente recibió cuatro millones de soles provenientes de actos de corrupción”, señala el informe final del caso ‘Organización Criminal’ aprobado ayer en el Congreso.
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La Comisión de Fiscalización aprobó ayer el informe final del caso Organización Criminal en el que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo, “al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución”, porque presuntamente cometió delitos penales como colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el ejercicio del cargo, para direccionar obras en Cajamarca, gracias a la oportuna promulgación del decreto de urgencia 102-2021-PCM.
Castillo podría ser inhabilitado hasta diez años del ejercicio de la función pública, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, por haber vulnerado el artículo 118, que le exigía proteger al Estado y cumplir sus funciones como presidente, según la recomendación.
El informe pide acusar constitucionalmente, además, al exministro de Vivienda Geiner Alvarado López, y exhorta al Ministerio Público para que “en el más breve plazo” establezca las responsabilidades penales de la esposa de Castillo, Lilia Ulcida Paredes Navarro, y de sus cuñados Walter y David Alfonso Paredes Navarro.
El exalcalde de Anguía José Nenil Medina Guerrero; el exjefe de asesores del ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo; el empresario Hugo Jhony Espino Lucana; y la hermana del exmandatario, María Gloria Castillo Terrones, también están incluidos en el pedido del informe para que la Fiscalía los investigue.
MANDO PIRAMIDAL
Las pesquisas concluyen que la organización criminal que presuntamente lideraba el exjefe de Estado era de corte “piramidal”, es decir, con una cabeza al mando que sería el profesor, en coordinación con su esposa Lilia Paredes, su cuñada Yenifer Paredes, José Nenil, Salatiel Marrufo y Hugo Espino.
Según las investigaciones, Espino habría sido beneficiado con la adjudicación de diversas licitaciones públicas que en suma alcanzaron un costo total para el Estado peruano de casi siete millones de soles.
El informe revela además que existió un grupo de asesores en la sombra denominado “buró político”, el cual tenía por finalidad hacer cumplir las órdenes del exmandatario. Este grupo habría estado dirigido por Salatiel Marrufo e integrado por José Nenil Medina y el prófugo de la justicia Alejandro Sánchez, quienes gestaron el decreto urgencia 102-2021-PCM. El acuerdo se habría realizado en la calle Palo Blanco 296, en el distrito de Surquillo.
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