La historia judicial de Alberto Fujimori empieza con su extradición desde Chile, el 21 de septiembre de 2007. Solo tres meses después, en diciembre, el Poder Judicial lo condenó a 6 años de prisión por el allanamiento ilegal a la casa de su exasesor Vladimiro Montesinos.
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El 20 de julio de 2009, el exmandatario fue sentenciado por la entrega de US$15 millones a Vladimiro Montesinos, en el año 2000, como una compensación por tiempo de servicios.
El 7 de septiembre de ese año, Fujimori recibió el más severo castigo penal: 25 años de cárcel por las matanzas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En ese mismo mes la justicia lo condenó a 6 años de cárcel por la compra de líneas editoriales, interceptaciones telefónicas y congresistas tránsfugas.
Otra sentencia que registró se emitió en 2015 y fue 8 años de prisión por el desvío de fondos públicos para financiar diarios populares que apoyaran su reelección en el año 2000. Pero en 2016 la Corte Suprema la anuló.
Desde 2017, Fujimori afrontaba el caso Pativilca, un proceso que estaba en curso pese al indulto que le otorgó el Tribunal Constitucional.
Este año, Chile amplió la extradición del exgobernante por cinco casos más, todos relacionados con la violación de derechos humanos. Entre ellos el de esterilizaciones forzadas y el secuestro y homicidio de la familia Ventocilla en 1992.
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Debido al fallecimiento del exjefe de Estado, el Poder Judicial deberá declarar extinto los procesos penales que estaban activos.
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