El Congreso de la República asumirá los gastos por la contratación de la defensa y asesoría legal de cuatro parlamentarios de igual número de bancadas, quienes vienen siendo investigados de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por una serie de presuntos delitos que van desde tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo e incluso participación en una organización criminal.
La medida está contenida en cuatro acuerdos adoptados por la Mesa Directiva del Parlamento que preside Eduardo Salhuana el 11 de marzo último. Los privilegiados legisladores gozarán de una “defensa especializada” por un monto máximo equivalente a 8 Unidades Impositivas Tribuarias (UIT), es decir S/42,800 cada uno.
En el alto tribunal están esperando un pronunciamiento del Ministerio Público, pero la institución continúa en silencio sobre la vigilancia a sus integrantes.
Una de las congresistas favorecidas es Kelly Portalatino, de Perú Libre, quien está incursa en un proceso de investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado. El 5 de febrero pasado, la Fiscalía, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional en su contra por presuntas irregularidades en su gestión como titular de Salud durante el gobierno del golpista Pedro Castillo.
De acuerdo al Ministerio Público, la legisladora habría inducido al entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Salud José Celis a interesarse en la contratación de Romy Vásquez para que brinde el servicio de asistente administrativo.
Kelly Portalatino es investigada por presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. (Foto: Congreso de la República)Otro de los parlamentarios que recibirá asesoría legal pagada por el Congreso es Patricia Chirinos, de Renovación Popular, investigada por el supuesto delito de peculado doloso al haber utilizado boletos aéreos pagados por el Legislativo para viajar a Trujillo y participar en la celebración del cumpleaños de su compañero de bancada Diego Bazán.
A ellas se suman el exfujimorista y hoy integrante de Podemos Perú, Luis Cordero Jon Tay, a quien se le imputan los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio y que está inmerso en una investigación por presunta participación en una organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Luis Cordero Jon Tay llegó al Congreso con la camiseta de Fuerza Popular y hoy forma parte de la bancada de Podemos Perú de José Luna. (Foto: Congreso de la República)También figura en la lista la representante de Acción Popular, Hilda Portero, a quien se le ha abierto una investigación en la fiscalía por su participación en el llamado grupo 'Los Niños', afín al expresidente Pedro Castillo.
De acuerdo a un colaborador eficaz ella habría parte de ese grupo de congresistas que se benefició con licitaciones de obras del gobierno castillista a cambio de votos en respaldo al régimen.
Cabe señalar que, por acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, el beneficio de contratación del servicio defensa legal se otorga por una única vez a los congresistas por hechos relacionados con el desempeño de sus funciones.
En agosto del año pasado un privilegio similar le fue concedido a los parlamentarios Alejandro Soto y Luis Kamiche, de Alianza para el Progreso; Óscar Zea del Bloque Magisterial y César Revilla de Fuerza Popular. En ese caso los servicios implicaron un desembolso de S/189,710.
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