La Oficialía Mayor del Congreso envió un memorando a los trabajadores del Parlamento en el que les recordó que están prohibidos de "realizar declaraciones públicas" sobre asuntos del Legislativo.
Carlos Malaver aseguró que prófugo de la justicia estaría siendo protegido por bandas criminales de Bolivia, Brasil y Paraguay.
El Memorando múltiple N° 625-2024-2025-OM/CR fue enviado este martes y señala que no se puede brindar declaraciones que, entre otras cosas, "afecte" la imagen o dignidad de los congresistas.
"De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo, los servidores del Congreso se encuentran prohibidos de realizar declaraciones públicas sobre los asuntos relacionados con el Congreso de la República o los congresistas que afecte su imagen o dignidad o sobre sus actividades respecto de las cuales deba guardar reserva, salvo autorización expresa de las autoridades respectivas", indica el documento.
¿Buscan silenciar escándalos?
Este recordatorio se da en medio de polémica tras revelarse diversos escándalos en el Congreso. El más reciente fue el alquiler un inmueble en el distrito limeño de San Luis por S/ 480,000 anuales (S/ 40,000 mensuales), destinado a la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad (UEB), que prepara la infraestructura para el retorno al sistema bicameral en 2026.
Esta revelación ha generado cuestionamientos debido a que el local está alejado del Palacio Legislativo, lo que ha generado gastos adicionales en taxis cubiertos con caja chica. Asimismo, contrato fue adjudicado a una empresa vinculada a un militante del partido Somos Perú, lo que ha levantado sospechas de conflicto de interés.
Otro escándalo vincula a trabajadoras del Parlamento. Cecilia Salazar Mattos, militante de Alianza para el Progreso (APP), fue contratada en el área de Desarrollo y Bienestar Personal del Parlamento y luego ascendida como asesora principal de la congresista Rosío Torres, también de APP, con un sueldo de más de S/13,000.
Poco después, su hija, Alexandra Tafur Salazar, fue contratada para ocupar el mismo puesto que su madre había dejado, a pesar de no tener experiencia parlamentaria y dedicarse a la odontología. Esta contratación fue aprobada por la Oficina de Recursos Humanos, a cargo de otra militante de APP, lo que refuerza las sospechas de clientelismo.
Salazar es investigada por presuntamente recortar parte de los sueldos de trabajadores del despacho de Torres, en el marco del caso “mochasueldos”, y transferirlos a un familiar de la congresista.
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