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Proponen que Junta Nacional de Justicia elija al procurador general del Estado
La congresista Susel Paredes (No Agrupados) presentó un proyecto de ley que plantea que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea quien elija al titular de la Procuraduría General del Estado y declare la vacancia del cargo.
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La congresista Susel Paredes (No Agrupados) presentó un proyecto de ley que plantea que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea el encargado de elegir al titular de la Procuraduría General del Estado y declare la vacancia del cargo.
Se trata de la iniciativa legislativa 1724/2021-CR, que propone modificar los artículos 140, 170 y 180 del Decreto Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
En la propuesta se precisa que los miembros del Consejo Directivo son designados mediante resolución suprema, refrendada por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Ejercen el cargo por un periodo de 5 años.
También refiere que la vacancia del procurador general del Estado es declarada por la JNJ. La remoción por falta grave es resuelta en primera instancia por el Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del Estado, siendo impugnable ante la Junta, que decide en instancia definitiva con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros.
Para los demás miembros del Consejo Directivo, la remoción se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el titular del Minjusdh. En este último caso las causales de vacancia son: fallecimiento, renuncia aceptada, incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada, impedimento legal sobreviniente, remoción por falta grave y término del periodo de designación o nombramiento.
El proyecto de ley también precisa que el procurador general del Estado es nombrado mediante concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia, ante quien jura al momento de asumir el cargo.
En la exposición de motivos se detalla que tras la destitución de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, el 1 de febrero de 2022, las consecuencias de tal decisión han generado “justificadas preocupaciones” tanto con respecto a la designación de su sustituta, como a la vigencia real de los principios rectores asociados al cargo.
Al respecto, el documento recordó que la decisión fue dispuesta por el Gobierno a las pocas semanas de que Soria Luján presentara una denuncia contra el presidente Pedro Castillo, a través de una resolución suprema rubricada por el propio acusado y el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.
“En esta dirección, el proyecto de ley plantea que sea la Junta Nacional de Justicia la entidad que conduzca el concurso público de méritos para el nombramiento del/de la Procurador/a General del Estado, así como su proceso de remoción por falta grave y la declaratoria de vacancia del cargo por otras causales legales”, subrayó.
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