Presentan proyecto para despenalizar aborto en casos de embarazos por violación sexual

Se trata de la iniciativa legislativa 954/2021-CR, que propone incorporar el artículo 119-A al Decreto Legislativo Nro. 635, Código Penal, en los siguientes términos:

“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando el embarazo sea producto de violación sexual”.

El documento también plantea modificar el artículo 120 del Código Penal y propone reprimir el aborto con pena privativa de libertad no mayor de tres meses cuando el embarazo sea consecuencia de inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente.

La misma pena se aplicará en los casos en que sea probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.

La propuesta legislativa también señala que se deberá actualizar las políticas nacionales de salud y de igualdad de género. También refiere que el Ministerio de Salud (Minsa) aprobará una guía técnica nacional y/o un protocolo específico para la atención integral con enfoque intercultural de la interrupción del embarazo producto de violación sexual, con el fin de garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de este delito a dicho procedimiento.

En la exposición de motivos se detalla que los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2020 muestra que el 6% de las mujeres peruanas en edad fértil alguna vez sufrió algún tipo de violencia sexual por parte de/ esposo o compañero sentimental.

“En ese sentido, la presente propuesta legislativa reconoce que el aborto en caso de embarazos producidos por una violación sexual urge de una inmediata despenalización por parte del Estado; a efectos de que las mujeres obligadas a ser madres producto de violación sexual, puedan acceder a un servicio continuo y de calidad para concretar la interrupción de sus embarazos; ello en reconocimiento del hecho que obligar a una niña, adolescente o mujer a ser madre -a causa de un delito- es un acto de tortura”, dice el documento.