El Congreso aprobó este jueves, en segunda votación, una reforma que altera significativamente el régimen de extinción de dominio. Esta norma ha sido fundamental para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita, pero ahora su aplicación quedará condicionada a una sentencia penal firme, salvo en delitos específicos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, contrabando o trata de personas.
La reforma, que contó con el respaldo de 42 parlamentarios —incluyendo votos de Perú Libre y Fuerza Popular— modifica el Decreto Legislativo 1373 e introduce una serie de cambios que dificultarán la recuperación de activos vinculados a delitos como corrupción, lavado de dinero o crimen organizado, lo que afectaría los procesos contra el prófugo Vladimir Cerrón y los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, Rodolfo Orellana, entre otros.
Entre las modificaciones más cuestionadas se encuentra la eliminación de la exigencia al investigado de justificar el origen legal de sus bienes, trasladando toda la carga probatoria al Estado.
Otra de las disposiciones preocupantes es la exclusión de delitos como corrupción y lavado de activos del ámbito de la ley, lo cual, en la práctica, podría favorecer a implicados en investigaciones complejas y de alto perfil. También se establece un nuevo plazo de prescripción de solo cinco años, lo que permitiría a implicados evitar sanciones si logran dilatar sus procesos judiciales.
Durante el debate parlamentario, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, intentó que el dictamen regresara a la Comisión de Justicia para un análisis más riguroso, advirtiendo que la propuesta era desequilibrada. Sin embargo, su pedido fue rechazado.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han manifestado su preocupación. La propia Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó que más de 5,500 investigaciones quedarían comprometidas con esta nueva normativa. El juez supremo Manuel Luján recordó que, gracias al régimen actual, el Estado ha logrado recuperar cerca de 160 millones de dólares en bienes ilícitos, y que este avance podría detenerse bruscamente.
El pasado 7 de abril diversos gremios empresariales del país invitaron al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y a otros actores a reflexionar sobre la necesidad de revisar y mejorar la Ley de Extinción de Dominio, con un enfoque integral, receptivo y bien diseñado para garantizar que esta norma sea una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen, sin generar incertidumbre y perjuicios para quienes actúan legítimamente y contribuyen al desarrollo del país.
En un comunicado público, suscrito por 19 gremios, entre ellos Confiep, Adex, SNI, Agap, Conveagro, Sociedad Nacional de Pesquería y Mipymes, señalan que la norma actual permite incautar bienes incluso cuando la persona es absuelta en el proceso penal que motivó la extinción de dominio, "lo que es injusto".
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