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Congreso retrasa ley que busca cerrar el paso a los delincuentes en 2026
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En 2026 no solo podrían postular perro, pericote y gato, sino también choros y alimañas. La enorme oferta electoral que se avecina precisa de candados para mejorar nuestra representación, pero, sobre todo, para cerrarles el paso a quienes buscan servirse de la política para seguir cometiendo sus fechorías o a quienes cometieron graves delitos que la democracia no puede perdonar ni pasar por la alto.
En ese marco, un dictamen de la Comisión de Constitución de marzo de 2023 empolvado en la Mesa Directiva del Parlamento, presidida por Alejandro Soto, luce como una magnífica alternativa, ya que busca reformar la Constitución incorporando el impedimento para que condenados por graves delitos (ver cuadro adjunto) puedan postular a cargos de elección popular, llámese Presidencia, Vicepresidencia, Congreso de la República o Parlamento Andino, aunque hayan cumplido el total de su condena, hasta por un periodo posterior de 10 años.
La iniciativa, que tuvo consenso en Constitución al haberse incorporado más de 20 proyectos de bancadas como Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, Fuerza Popular y el propio Alianza para el Progreso (APP) que integra el presidente Soto, fue debatida en diciembre del año pasado, pero, ante reparos sobre los detalles de la norma, pasó a un cuarto intermedio, es decir, a una pausa para fomentar un mayor debate sobre el texto final, y allí ha dormido hasta hoy, cinco meses después.
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¿Cuán importante es la aprobación de esta norma y su consecuente aplicación en las elecciones generales de 2026? La abogada constitucionalista Milagros Campos refiere que esta ley “busca tener candidatos idóneos y restablecer la confianza de los ciudadanos en la política y en la democracia como sistema de gobierno”.
En conversación con Perú21, señaló que “los derechos políticos no son absolutos” y que, además, “esta no es una prohibición eterna”.
Por su parte, el abogado José Naupari Wong, especialista en temas electorales, mencionó a este diario que “si esta reforma se aprobase luego de que ya venció el plazo para presentar candidaturas, es evidente que no podrá entrar en vigor” para 2026. Ese plazo debe vencer en abril del próximo año, aunque no se conoce todavía el cronograma electoral. Tomando en cuenta que la reforma constitucional se debe aprobar en dos legislaturas distintas, el Congreso está contra el reloj.
“Es importante elevar este impedimento a rango constitucional porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ya declaró inconstitucional el impedimento permanente a los condenados por terrorismo”, indicó. En efecto, a inicios de 2023, el TC resolvió en ese sentido, argumentando que “el principio de resocialización forma parte del proceso de rehabilitación del sentenciado”.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
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La congresista Lady Camones, de la bancada de APP, es autora de uno de los proyectos de ley que se acumularon en el dictamen de Constitución. Sin embargo, señaló a Perú21 que considera que el impedimento debe ser permanente, no de 10 años posteriores al cumplimiento de la pena.
Dijo que, si el dictamen no se ha puesto nuevamente a discusión y votación en el Pleno, es porque la presidenta de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), no ha comunicado al titular del Legislativo que ya acabó el debate que debió originar el cuarto intermedio.
“Ha pasado mucho tiempo y no se aprueba. Ya va a acabar la legislatura el 15 de junio (…). Le compete a la presidenta de Constitución indicar que el cuarto intermedio ya acabó y que ya tiene el texto sustitutorio. Distinto sería que ya haya avisado, pero no es el caso”, declaró.
TENGA EN CUENTA
No opina/no contesta. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, no responde preguntas de la prensa desde hace nueve largos meses.
Sin respuesta. Perú21 intentó comunicarse con la presidenta de Constitución, Martha Moyano, pero su celular sonó apagado. Tampoco tuvimos éxito con Fernando Rospigliosi ni con Alejandro Aguinaga.
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