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CONGRESISTAS MONTOYA Y ACUÑA EXPUSIERON LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL DE SIETE DELITOS

Vizcarra mintió: No estuvo en lista de beneficiados de la vacuna del COVID

La votación de la acusación constitucional por el caso 'Vacunagate' será este jueves. En su afán por eludir la acusación constitucional, el expresidente Martín Vizcarra aseguró haber estado en la lista de seleccionados para recibir la vacuna de Sinopharm y presentó un carné de vacunación falso como prueba. 

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Vizcarra mintió en el caso Vacunagate.
Martín Vizcarra tiene actualmente dos inhabilitaciones vigentes para ejercer cargo público. (Foto: Andina)
Fecha Actualización

Fue un engaño presidencial. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, y el congresista delegado de la denuncia, Jorge Montoya, expusieron este miércoles la acusación constitucional contra el exmandatario Martín Vizcarra por el caso 'Vacunagate'.

El debate y la votación del informe final —que recomienda acusar a Vizcarra por los presuntos delitos de organización criminal, concusión y otros cinco— estaban programados para este miércoles a partir de las 3:00 p.m. Sin embargo, tras las exposiciones de Acuña y Montoya, la titular de la subcomisión solicitó un cuarto intermedio antes de la votación. Perú21 confirmó que esta se realizará este jueves.

VIZCARRA MINTIÓ

En el Pleno, Montoya sostuvo que Vizcarra incurrió en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo —previsto en el Código Penal para quien se interesa indebidamente en provecho propio— al beneficiarse de la vacuna y favorecer a la empresa Sinopharm.

"La conducta del funcionario (Martín Vizcarra) se resume en un tipo penal, dada su propia inmoralidad al recibir la dosis y favorecer a su cónyuge y su hermano. No es solo una contravención pública o judicial, sino una operación que buscaba adquirir una vacuna para salvar a la población. Él se interesó desde el primer momento en todas las etapas porque tenía la intención dolosa de favorecer a la compañía china Sinopharm", aseguró.

Montoya agregó que el exmandatario también cometió el delito de falsificación de documentos, al no figurar en la lista oficial de beneficiados de la vacuna y presentar una tarjeta de vacunación falsa para encubrir su falta. "Se trata de un documento falsificado con la intención dolosa de engañar a la opinión pública y así eludir su responsabilidad en estos hechos delictivos", afirmó.

INFORME FINAL

Como se recuerda, el informe final —aprobado la semana pasada en la Comisión Permanente por 22 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones— acusa a Vizcarra de siete presuntos delitos: organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

El documento sostiene que Vizcarra se vacunó de manera irregular y, además, benefició a la empresa china Sinopharm en el proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19.

Días atrás, la presidenta de la subcomisión, María Acuña, advirtió que Vizcarra se benefició con la vacunación pese a no estar registrado como voluntario en los ensayos clínicos. Además, aseguró que fabricó un documento con la intención dolosa de engañar a la opinión pública y ocultar su delito.

Vizcarra, en tanto, anunció en sus redes sociales que no participará en la sesión del Pleno. "No asistiré a dicha sesión, puesto que a través del escrito del 11 de julio de 2021 renuncié a la prerrogativa del antejuicio político, lo que fue reiterado mediante escrito del 18 de febrero de 2025", indicó.

Agregó que su decisión "busca que los cargos imputados puedan ser investigados por el Ministerio Público sin sesgos políticos y sin necesidad de trámites previos o dilaciones innecesarias".

DOS INHABILITACIONES

De otro lado, Vizcarra tiene dos inhabilitaciones. 

La primera inhabilitación contra el exmandatario se aprobó en abril de 2021 por su implicación en el caso Vacunagate y le impuso una sanción de 10 años sin ejercer cargos públicos.

La segunda inhabilitación llegó en mayo de 2022 y fue de cinco años, debido a sus presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes, en el marco del caso Obraínsa.

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