Mientras, ni cortos ni perezosos, integrantes del Grupo Colina hacen cola ante el Poder Judicial para acogerse a la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 1 de julio de 2002, en el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se lavan las manos respecto de su responsabilidad en la promulgación de la norma, y le han tirado la pelota al Tribunal Constitucional (TC) para que sea dicha instancia la que dirima sobre la controversia que ha generado la disposición.
Recién después de un mes de su aprobación en la Comisión Permanente y vencido el plazo para que el gobierno de Dina Boluarte la observe, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, promulgó la ley el último viernes, y ayer, en conferencia de prensa, manifestó que lo hizo “porque el Ejecutivo no la observó”. Y añadió, parafraseando el artículo 80.° de la Constitución, que “si el Ejecutivo no la observa, el Congreso está obligado a hacerlo, y eso es lo que ha hecho”.
MIRA: Podemos amenaza con más “farmacias del Estado”
“El Ministerio Público es una entidad constitucionalmente autónoma, las opiniones que pueda emitir las respetamos (…) y los ciudadanos que consideren que la norma es inconstitucional pueden recurrir al TC como máximo intérprete de la Carta Política”, prosiguió.
El primer ministro Gustavo Adrianzén, por su parte, reveló, en entrevista con RPP, que el Gobierno no promulgó la ley debido a que no se pusieron de acuerdo a la interna del Consejo de Ministros. “Se generó una ardua discusión, hubo puntos de vista diferentes, tratamos de conciliar una sola posición, no se logró, y el consenso fue que el Congreso la promulgue, como ha ocurrido”, explicó. Además, comentó que un grupo de ministros opinó que los convenios y tratados obligarían a reconocer la lesa humanidad desde siempre, pero otros, incluido él, consideran que la obligación “parte del momento en que ratificamos el Estatuto de Roma en adelante”. “Lo que ocurrió antes no puede calificarse de lesa humanidad, salvo que favorezca al reo”, agregó.
Cada uno resumió por separado su postura, pero ambos coincidieron en que deberá ser el Tribunal Constitucional (TC) el que despeje la polémica sobre la aplicación de la ley al amparo de la cual tres integrantes del Grupo Colina: Nelson Carbajal García, Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre, ya han tramitado ante la Corte Superior de Justicia un pedido de prescripción de la acción penal en su contra por delito de homicidio calificado y asesinato. Lo mismo ha hecho a través de su defensa legal el indultado Alberto Fujimori.
MIRA: El propio ministro del Interior le avisa a Cerrón que ya sabe dónde se encuentra
DEMANDA ANTE EL TC
En la víspera, la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que, además de reafirmar “la defensa de la legalidad y los derechos humanos en el Perú”, anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley N.° 32107 que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Al respecto, la Junta, de manera unánime, advirtió que la referida norma “frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes”.
Consideró igualmente que la ley “tiene un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales como Madre Mía y Lurigancho que están en investigación preliminar. Asimismo, los casos Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias que están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal y los casos Chuschi, Huanta 84, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos, El Santa, Cantuta-Pativilca y otros que se encuentran en etapa de juicio oral”.
“La ley vulnera la autonomía e Independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad”, se lee en el comunicado.
Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez estimó que dicho organismo podría pronunciarse sobre la demanda en unos tres meses a partir de la presentación de la misma. “El debate se concentrará en el TC y en este caso se trata de un debate jurídico y sometido a la opinión pública”, subrayó.
Sabía que
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana hizo un llamado a las autoridades y sociedad civil para accionar los mecanismos constitucionales “para obtener lo más pronto posible la nulidad de la ley”.
“Esta ley es inaceptable porque pone en grave riesgo la aplicación de una verdadera justicia así como la responsabilidad sobre el daño causado y el resarcimiento a las víctimas y sus familiares”, puntualizó.
¡Aprovecha el cyber AQUÍ y recibe nuestro periódico digital desde S/ 54 por todo un año!
VIDEO RECOMENDADO
