Constituyente y elecciones en julio se fueron al archivo

Solo 48 legisladores, entre ellos cuatro de Acción Popular y dos de APP, respaldaron la iniciativa cuya inconstitucionalidad fue puesta sobre el tapete desde un inicio. Pese a esta magra votación, desde Perú Libre presentaron un pedido de reconsideración que también fue rechazado por 78 votos.

El debate se prolongó más de cinco horas y se inició con la fundamentación del dictamen por parte de Quito, quien solo dio alcances generales: que las elecciones complementarias se llevarían a cabo el segundo domingo de julio, que el nuevo jefe de Estado asumiría funciones el 1 de octubre de este año y que su mandato y el de los vicepresidentes de la República, congresistas y parlamentarios andinos concluiría en julio de 2026.

Pero, además, defendió su planteamiento de un referéndum para la convocatoria a una asamblea constituyente. Lo hizo con argumentos vagos, alegando que es eso lo que pide la población en las calles. Desde las bancadas de izquierda se alinearon con el reclamo arguyendo que es un mecanismo “participativo y democrático” que permitirá la inclusión de lo que calificaron como “pueblos olvidados”. Sin embargo, no explicaron cuáles concretamente son los cambios que requiere la Constitución del 93. Esta carencia de argumentos la hizo notar el vocero alterno de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien advirtió que no solo hubo ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos, sino que también se omitió la referencia a cuál es la situación de otros países que se han sometido a procesos similares en la región. “Una constituyente requiere consenso político y no lo hay. No podemos imponerla con la violencia ni con las mentiras de las redes sociales. Hay que decirle al pueblo lo que es, y no hablar con demagogia y populismo”, reclamó.

Carlos Anderson, por su parte, calificó de “tremenda irresponsabilidad” que se pretenda preguntarle a la población su postura respecto a una asamblea constituyente sin que quienes la proponen tengan claro en qué consiste esta.

Más temprano, desde Talara, la presidenta Dina Boluarte descartó de plano su renuncia. “Mi renuncia no está en juego. Yo sé que hay un sector mínimo de la población que está generando violencia y caos exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte, pero nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis”, respondió ante una pregunta de Perú21.

Asimismo, instó al Parlamento a “responder con altura” al proyecto de ley remitido en la víspera por el Ejecutivo que plantea que las elecciones generales se lleven a cabo el segundo domingo de octubre para un mandato presidencial que se iniciaría el 31 de diciembre y concluiría el 28 de julio de 2028.