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Contraloría identificó perjuicio de S/38 millones por adenda aplicada a IIRSA Sur
Además, determinó responsabilidad penal y administrativa en 13 funcionarios públicos.
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La Contraloría identificó un perjuicio económico contra el Estado por S/38 millones por la aplicación de una adenda y la ejecución de obras en el tramo V de la carretera Interoceánica Sur, que une las ciudades de Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) y Azángaro (Puno), y que estuvo a cargo de la Concesionaria Vial del Sur (Covisur).
Esa es la conclusión de la auditoria de cumplimiento realizada, entre el periodo de enero 2013 a abril de 2018, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
La auditoría determinó que el MTC y Covisur SA suscribieron la adenda N° 3 e iniciaron la ejecución de una segunda calzada (paralela a la calzada o pista existente), incumpliendo la normativa de evaluación de impacto ambiental, la normativa de Asociaciones Público Privadas y el propio Contrato de Concesión.
Dicha adenda se suscribió y ejecutó pese a que el estudio de ingeniería (EDI) fue aprobado sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente para prevenir impactos negativos en el medio ambiente y daños a restos arqueológicos en la zona (Se corroboró que el trazo de la autopista afectaba un camino prehispánico).
A través de la mencionada adenda, Covisur también asumió el compromiso de entregar los predios necesarios para el inicio de la obra, sin contar con la disponibilidad de los mismos, al no haber realizado oportunamente el saneamiento físico legal respectivo.
El órgano de control, además, determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de 13 funcionarios públicos que se desempeñaban en el MTC y su unidad ejecutora Provías Nacional, que no cautelaron adecuadamente los intereses del Estado.
Covisur está integrada por las compañías Hidalgo e Hidalgo Constructores, Construcción y Administración SA y Conorte SA. Las dos primeras han sido incluidas en el caso Club de la Construcción, el grupo de empresas que, de acuerdo a la Fiscalía, se repartían las obras viales del país tras pagar sobornos a servidores públicos.
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