El panorama en la Contraloría General de la República es peor del que se conocía.
Un Informe interno encuentra responsabilidad administrativa en las principales cabezas de la gestión de Nelson Shack.
No serán 1,600, sino al menos 3,000 los trabajadores que serán despedidos a fin de mes por el hecho de que la entidad no tiene presupuesto suficiente para pagarles.
Como si eso no fuera suficiente, de no conseguir un fondo complementario de S/478 millones hasta mayo de este año, además de ellos se irían otros 2,000 auditores más.
Es decir, la Contraloría se quedaría casi al 50% de su capacidad operativa, afectando así drásticamente las auditorías de fiscalización y control tanto preventivo como concurrente de los miles de obras que se ejecutan en todo el país y en las entidades estatales en sus tres niveles.
Pero este problema no es reciente. Y es que desde agosto de 2024, César Aguilar Surichaqui, titular actual de la Contraloría, enviaba oficios al entonces ministro de Economía José Arista en los que aseguraba que no iban a poder solventar el pago de la planilla para el año fiscal 2025. El Ejecutivo decidió no hacer caso a las advertencias.
El informe de la misma entidad revelado por Perú21 el último lunes, detalla una serie de irregularidades que vienen de la gestión del anterior contralor Nelson Shack, quien inició un proceso para contratar personal que requirió un presupuesto de 383'997,000 soles.
Era imprescindible contar con una certificación presupuestaria previa para no comprometer su estabilidad económica. No obstante, esta certificación se obtuvo después de haber concluido el proceso de contratación, alterando el debido procedimiento y generando un déficit en el presupuesto disponible.
La gravedad del caso llevó a que la propia entidad declare la ilegalidad de su procedimiento y encuentre responsabilidad administrativa en cinco funcionarios públicos, de los cuales dos siguen trabajando en Contraloría: Daniel Sedán Villacorta, subgerente de Personal y Contrataciones, y Alan Saldaña Bustamante, subgerente de Desarrollo Humano.
OÍDOS SORDOS
Parece que Aguilar Surichaqui ha intentado de todo para que el Gobierno lo escuche.
El 6 de febrero último envió una carta a la presidenta Dina Boluarte solicitando una reunión a la brevedad para conversar, dada la situación crítica en la que se encuentra la entidad que dirige.
La mandataria guardó silencio e ignoró el oficio que llegó a su despacho.
El 27 de febrero, otro oficio llegó al despacho del titular de Economía, José Salardi, pidiéndole que pueda emitirse un decreto de urgencia que otorgue presupuesto para mantener en vigencia la labor de la entidad. Una vez más, se lo negaron aduciendo inviabilidad jurídica.
Si no hay solución, la Contraloría quedará debilitada para cumplir su función. Miles de obras públicas quedarán a la deriva, sin ser fiscalizadas. ¿Es eso lo que espera la presidenta Boluarte?
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