Contrato de satélite Perú SAT-1 protege al fabricante, pero vulnera al Perú

Por: Unidad de investigaciónuinvestigaciones@peru21.com

El contrato suscrito entre el gobierno de Ollanta Humala y Airbus Defence and Space, en el que se detallan las condiciones de entrega del sistema satelital, es un acuerdo inequitativo, excesivo en garantías a favor del fabricante francés e inflexible con el Estado Peruano, que, inexplicablemente, aceptó renunciar a recursos de amparo y reclamación.

¿Por qué los negociadores permitieron la redacción de un documento semejante? Si el satélite se arruina, incluso por un error del fabricante, el Estado Peruano aceptó privarse de formular una demanda.

El contrato, de 317 páginas y al que tuvo acceso Perú21, fue suscrito en Lima el 16 de abril de 2014, día de José Labre, santo de los menesterosos. Por la manera en que está redactado el documento, ese puede ser más que solo un detalle anecdótico. En el contrato se lee: "El proveedor (Airbus Defence and Space) o sus filiales y subcontratistas, y sus funcionarios, empleados y directores, no serán en ningún caso responsables ante el cliente (el gobierno peruano) o cualquier entidad que controle o sea controlada por el cliente, o se encuentre bajo el control común del mismo y sus respectivos funcionarios, empleados o directores, por cualesquier importe que represente la pérdida de ganancias o ingresos, lucro cesante, pérdida de uso o daños indirectos, que surjan del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente compromiso de suministro".

Esa misma cláusula tiene unas líneas adicionales que no admiten interpretación y que, incluso en caso de un daño en el satélite atribuible al fabricante por negligencia o error, desamparan al Perú de una posibilidad de reclamo: Airbus Defence and Space se exime de responsabilidad por "cualquier acto u omisión relacionados con el uso correcto o incorrecto del sistema o equipamientos suministrados en virtud del presente compromiso, incluso si se hubiera advertido acerca de la posibilidad de dichos daños o pérdidas".

La pregunta es obvia: ¿puede un Gobierno, en representación de un Estado soberano, firmar un acuerdo en esos términos? Las garantías a favor del fabricante se repiten una y otra vez en el contrato que tiene sellos y firmas de revisado en sus márgenes: "El proveedor no tendrá responsabilidad alguna por fallas en el lanzamiento u operación fallida del satélite después del lanzamiento, o daños causados debido a un acto u omisión por parte del proveedor".

Los sellos y firmas en cada una de las 317 páginas son constancia de la lectura y revisión que hicieron los equipos jurídicos del Ministerio de Defensa del Perú y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

Es decir, cada línea, párrafo, cláusula, fue redactada y después consultada. Y finalmente aprobada. Ninguna de las partes fue sorprendida en su buena fe y lo que se firmó en público fue lo que se acordó en privado.

Uno de los asuntos del contrato que origina mayores cuestionamientos es la transferencia tecnológica. Se suponía que, con la compra del sistema, el Perú recibiría un caudal de información suficiente para iniciar una carrera espacial. Algo así como soñar con las estrellas, e intentar alcanzarlas.

El 8 de noviembre pasado, Christophe Roux, representante de Airbus para América Latina, fue más lejos. En una entrevista con Perú21 dijo: "A partir de ahora, la idea es que Perú pueda fabricar sus propios satélites. En eso consiste la transferencia tecnológica".

Las respuestas sobre el alcance de lo transferido por Airbus se oyen contradictorias.

El ex ministro de Defensa Pedro Cateriano opina distinto: "(Después de esta experiencia con Francia) Perú no tiene ni tendrá la capacidad siquiera de fabricar un tornillo espacial, una tuerca. La fabricación de esas piezas exige ambientes que simplemente son imposibles para nosotros", dijo en una entrevista telefónica con Perú21.

El ex funcionario fue lapidario, y agregó: "Pensar que la transferencia tecnológica nos permitirá fabricar satélites es una absoluta ingenuidad".

Se supone que el contrato con Airbus establecía un programa de entrenamiento básico y avanzado para treinta personas designadas por la Conida, para que fueran instruidas en el manejo de los equipos del sistema satelital. Pero esa instrucción, según los expertos en el tema, no puede equipararse con transferencia tecnológica. Es apenas capacitación.

Ahora hay detalles que la lectura del contrato permite precisar. Por ejemplo, el traslado y estadía de treinta personas –que fueron escogidas por la Conida y estuvieron capacitándose en las instalaciones de Airbus en Francia durante meses– no está contemplado en ninguna cláusula.

Los gastos de sus traslados y manutención, incluso con sus familias, esposas e hijos, fueron asumidos por el Estado Peruano, que pagó más de dos millones de euros adicionales a los más de 150 millones que costó el sistema.

Es decir, ni siquiera ese dinero, que la Conida insiste en justificar como parte de la transferencia tecnológica, fue asumido por Airbus Defence and Space. No es el único detalle relevante, y al parecer grave.

Illis Zegarra, ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, hizo observaciones al Proyecto de Inversión Pública que finalmente permitió la compra del Perú SAT-1. Fue en 2010, y justamente sobre la transferencia tecnológica.

Su preocupación entonces era que se cautelara la continuidad de la carrera espacial de Perú. Es decir: que cualquier inversión permitiera desarrollos posteriores y la compra de un satélite no se convirtiera en un callejón sin salida, que es justo el temor que ahora se desprende del contrato firmado con Airbus.

En una de las cláusulas se califica como una facultad del fabricante del satélite adquirir el derecho para que el Perú continúe utilizando el sistema. De manera que Airbus puede adquirirlo, o no. Es su decisión, no una obligación.

Otro de tantos detalles es el de la partida de nacimiento del contrato: el Proyecto de Inversión Pública (PIP) 21918, de mayo de 2010. Ese documento, que se cita en el acuerdo con Airbus, tenía observaciones que debían subsanarse antes de la firma del contrato. ¿Se subsanaron?

_Punta lobos, pucusana. Esta antena receptora es parte de la estación terrestre, una edificación enorme en el desierto.

Una de las condiciones más sorprendentes del contrato es la que establece las compensaciones a las que tendría derecho el país en el fortuito caso de que el Perú SAT-1, que gira alrededor de la tierra a una velocidad de 27,000 kilómetros por hora, se desintegre: "En caso de pérdida total o pérdida total constructiva, el proveedor proveerá hasta por 8,000 créditos de imágenes al cliente". Eso significa que en caso de que el satélite sea derribado por un meteorito, por ejemplo, o falle por cualquier razón, Airbus Defence and Space compensará al Perú con unas 8,000 imágenes, nada más. Se trata de una cifra diminuta.

Se supone que el satélite está diseñado para proveer al país de 300 imágenes al día, unas 9,000 al mes, más de un millón en sus diez años de vida útil. ¿Quién calculó semejante compensación y por qué los negociadores del Gobierno la aceptaron?

Perú21 le hizo la pregunta al general Gustavo Rodríguez, jefe de la Conida, el pasado 27 de noviembre. Fue durante una entrevista en la sede de la agencia espacial, en esos días con el letrero institucional incompleto, sin la letra P de Perú sobre su fachada.

"Es lo mejor que pudimos lograr", admitió el oficial, en compañía de cinco de los ingenieros encargados de la operación del satélite, todos graduados en prestigiosas universidades y con carreras profesionales de más de veinte años. Lo que está en duda no son sus competencias académicas. Las preguntas, hasta ahora sin respuesta, son de carácter legal y administrativo.

Si algo repitió el Gobierno de Ollanta Humala, y que sus ex ministros de Defensa Pedro Cateriano y Jakke Valakivi esgrimieron para defender la elección de Airbus como fabricante del satélite, fue el supuesto respaldo del Gobierno Francés.

Se trataba, según explicaron los funcionarios, de una suerte de seguro institucional que no lograron equiparar con sus respectivos gobiernos las otras tres empresas que aspiraban a ganar el millonario contrato, de España, Israel e Inglaterra. Lo cierto es que ese blindaje resultó de papel.

Hace unas semanas, el embajador francés en el Perú, Jean-Jacques Beaussou, declaró que su país no había ofrecido respaldo económico ni técnico a la compra del satélite. Y en la referida entrevista de Christophe Roux con Perú21 el 8 de noviembre pasado, el representante de la empresa fabricante admitió que el supuesto blindaje de Francia era "político y diplomático".

Ahora queda claro que en el contrato no hay mayores referencias al Estado Francés, salvo esta advertencia: "El proveedor recuerda al cliente que las modalidades de utilización del sistema, en particular las exigencias de seguridad relacionadas a la protección, uso y difusión de las imágenes procedentes del satélite, serán definidas entre el gobierno de la República de Perú y el gobierno de la República de Francia, acuerdo que deberá entrar en vigor antes de la entrega del sistema".

En ninguna parte del contrato se menciona un blindaje de Francia. Mientras tanto, más detalles quedan al descubierto: "El cliente preservará la confidencialidad de todos estos documentos y no la distribuirá a ningún tercero, salvo convenio con el proveedor".

Según esa cláusula, para que un órgano de control del Estado Peruano pueda acceder a un documento de la negociación y compra del satélite, debe contar con la aprobación de Airbus, cuyos representantes se niegan a ir al Congreso a responder cualquier pregunta. Y obligarlos es imposible.

El contrato que firmó el gobierno de Ollanta Humala blinda a Airbus Defence and Space del cielo a la tierra.