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Consejo de Ministros evalúa hoy medidas para deshacinamiento de penales
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En vísperas de vencerse el plazo que le fue otorgado por el Legislativo para legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para descongestionar los penales y centros juveniles por riesgo de contagio del coronavirus covid-19, el Poder Ejecutivo evaluará hoy las medidas que implementará, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda.
Para el efecto, el titular del Sector Justicia precisó que hoy pondrá a consideración del Consejo de Ministros la propuesta de marco normativo correspondiente.
De acuerdo a la norma aprobada por el Parlamento, el Poder Ejecutivo está facultado para revisar medidas de coerción procesal, beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal y redención de penas que, eventualmente, permitan la excarcelación de un máximo de siete mil internos de los centros penitenciarios a nivel nacional.
“En relación a la delegación de facultades para poder incidir en el deshacinamiento, hoy voy a presentar en Consejo de Ministros el marco normativo que básicamente son dos decretos legislativos, vamos a cumplir con el plazo establecido con el Congreso de la República”, declaró el ministro de Justicia en Radio Exitosa.
Agregó que el primer decreto legislativo que se dará al amparo de las facultades delegadas está referido a los procedimientos para que los procesados por determinados delitos puedan cumplir con comparecencia restringida.
Una segunda disposición permitirá el uso de los grilletes electrónicos. "El Tribunal Constitucional nos ha dado el mandato a que todos los poderes públicos, en un plazo de cinco años, deshacinemos (los penales) desde nuestras competencias y nosotros como Ejecutivo estamos contribuyendo con ese mandato proponiendo un decreto legislativo que tiene que ver con los grilletes electrónicos”, añadió.
En otro momento, informó que hasta la fecha han sido excarcelados 1,355 internos para aliviar el hacinamiento de los penales y contrarrestar los efectos del COVID-19. De este total, 932 salieron luego de pagar las deudas alimenticias, 308 por gracias presidenciales y 115 por la activación de la defensa pública al solicitar el cese de prisión preventiva.
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