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Contralor afirma que empresas procesadas no deben ser beneficiarias de Reactiva Perú
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En su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el contralor general de la República, Nelson Shack, afirmó que en esta nueva fase de la reactivación económica se espera que se afinen algunos mecanismos de Reactiva Perú de tal forma que las empresas con procesos judiciales en curso no sean beneficiarias del programa.
Recordó que el ente de control formuló en su momento observaciones al respecto, tras lo cual comentó que ahora ya se han establecido mecanismos para que la Procuraduría Anticorrupción le dé la información correspondiente a Cofide, que tiene a su cargo el programa.
“Saludamos que en el reglamento para esta nueva etapa se tomen en cuenta varias preocupaciones de la Contraloría sobre, por ejemplo, no prestarle a empresas procesadas. Cofide no tenia esa información, ahora el reglamento establece mecanismos para que la Procuraduría especializada en delitos de corrupción le informe sobre esa lista”, sostuvo.
Shack remarcó que el programa Reactiva Perú “no es para pagar deudas o ahorros sino capital de trabajo” y, en esa línea, agregó que resulta “totalmente acertado para fortalecer el sistema a través de una inyección importante de liquidez”.
Agregó que, en su opinión, el programa “pareciera que requiere algunos ajustes”. “Esperamos que se pueda perfeccionar, en particular el tema de los trabajadores. Si vamos a darle liquidez (a la empresas) para capital de trabajo, dado que no han podido operar, (...) debería haberse revisado si tenían suspensión perfecta”, indicó.
En otro momento, el contralor general reiteró su pedido al Congreso para que debata y apruebe su proyecto para restituirle a la institución su capacidad sancionadora cuando identifique responsabilidades administrativas o comportamiento disfuncional en la administración pública.
En ese contexto, informó que hasta antes de abril del 2019, había más de 12 mil funcionarios que estaban siendo procesados por pero debido a una sentencia del Tribunal Constitucional “todos los casos se archivaron automáticamente y la Contraloría desmontó toda la infraestructura organizacional” que implementó para ese tema.
“Necesitamos una ley para sancionar severamente a los funcionarios responsables de actos de corrupción porque la inconducta funcional no solo hace perder plata sino, en el contexto de la pandemia, también vidas y salud. Exhortamos al Congreso para que debata el proyecto presentado que contempla sanciones más gravosas y se restablezca nuestra capacidad sancionadora”, concluyó.
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