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El coronavirus también paralizó todos los trámites notariales
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Alrededor de 700 notarios en el Perú volverán a reactivar sus funciones este mes según ha establecido el Decreto Supremo 080-2020-PCM publicado ayer. Hasta que ello suceda, los servicios notariales siguen paralizados desde el pasado 16 de marzo por el estado de emergencia sanitaria y, durante ese periodo, diversos trámites requeridos por ciudadanos, empresas y entidades financieras se encuentran en suspenso.
PROBLEMÁTICA SIN FIRMA
“En todos los países que integran la Unión Internacional del Notariado (como Perú), se ha considerado al servicio notarial como esencial por su función pública. Durante esta emergencia varios ciudadanos han tenido y tienen muchas necesidades y han solicitado nuestros servicios”, aseveró a Perú21 el presidente de la Junta de Decanos los Colegios de Notarios del Perú y actual decano del Colegio de Notarios de Lima, Mario Romero.
El notario nos explicó que la mayor cantidad de requerimientos que han recibido durante la paralización por el virus vienen de los beneficiarios del bono de S/380, quienes necesitaban una carta poder firmada por notario para delegar el cobro, en algunos casos porque tenían dificultades para acudir al banco.
También de quienes buscaban vender un vehículo para tener dinero para afrontar la cuarentena. En este caso la transacción, sin embargo, no podía ser completada porque se requería formalizar la transferencia de propiedad ante un notario.
Romero también recordó que los servicios notariales son esenciales para completar la celebración de los contratos de créditos hipotecarios.
El abogado Alfredo Bullard indicó a este diario que el actual sistema legal dispone que para desarrollar una serie de transacciones se necesita a los notarios y mientras continúe desactivada esta función “genera la paralización de muchas actividades y trámites que se deberían poder hacer sin ellos”.
Bullard pone como ejemplo el hecho de que para inscribir una transferencia de propiedad se requiera escritura pública, pero “por sistemas digitales, se pueden hacer cosas más prácticas y efectivas que den seguridad jurídica”. “En todo caso, en donde sean realmente necesarios, deberían tener un sistema de notarías más abierto y no uno tan cerrado donde existe un número tan limitado de notarios”, agregó.
Mientras tanto, la Junta de decanos los Colegios de Notarios del Perú ha aprobado un protocolo de seguridad para atender a clientes durante la pandemia y evitar los contagios, tal como lo requiere el decreto supremo publicado ayer en El Peruano.
Plantean que en los casos que haya necesidad de presencia física, se coordinará una cita y se reforzará el uso de correos electrónicos, videoconferencia y el uso de la firma digital. El objetivo es cuidar la salud de los clientes y, a la vez, adaptar este sector a las nuevas exigencias sanitarias.
SERVICIOS DETENIDOS:
- La emisión de cartas poder para realizar los cobros de bonos dados por el gobierno. El notario Romero indica que este servicio será gratuito por la crisis de la pandemia.
- Autorización notarial que se requiere para que los menores de edad viajen dentro o fuera del territorio peruano solo o acompañado por un padre o otro adulto.
- Legalización de los contratos de crédito hipotecario gestionados en una entidad financiera para luego inscribirlos en Registros Públicos.
- Modificación del estatuto del objeto social de las empresas que busquen cambiar el rubro comercial.
- Los trámites de sucesión intestada y declaratoria de herederos de personas que fallezcan durante el estado de emergencia sanitaria. El notario Romero asegura que estos servicios serán gratuitos para los familiares de policías, miembros de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras que fallezcan por el COVID-19 en el cumplimiento de su deber.
- La constitución de empresas que buscan formalizarse. Estos trámites serán promovidos en convenio con el Ministerio de la Producción con el objetivo de lograr mayor formalización.
- Emisión de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS de las transacciones que se realicen para combatir el lavado de activos.
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