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Daniel Mora planteó aplicar figura de flagrancia y meter presos a rectores que desacatan Ley Universitaria

“(Los rectores) descaradamente están incumpliendo la ley, por lo que cabe hacerles un proceso sumario y meterlos presos”, manifestó el legislador a la agencia Andina

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El expresidente de la Comisión de Educación del Congreso Daniel Mora consideró que las autoridades del Gobierno deben de aplicar la figura de flagrancia para sancionar el incumplimiento de la ley universitaria por parte de los rectores que se resisten a dejar sus cargos.

El legislador indicó que estos ciudadanos no solo incurren en delito, sino que "están interfiriendo con una política pública", al no acatar la norma según la cual debe haber una elección de nuevas autoridades universitarias.

"(Los rectores) descaradamente están incumpliendo la ley, por lo que cabe hacerles un proceso sumario y meterlos presos", manifestó Daniel Mora a la agencia Andina.

Mora estimó que si la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) "no se pone fuerte, habrá perdido autoridad".

Dijo también que este desacato podría ser resuelto a través de una intervención del Ministerio de Educación en las cuatro universidades cuyos rectores se resisten a dejar el cargo.

"Antes, la Asamblea Nacional de Rectores intervenía en universidades cuando le daba la gana (…) sería terrible si no se saca a estos rectores en el mes de enero y se inicie un proceso judicial que durará meses", comentó Daniel Mora.

Las autoridades de las universidades de San Marcos, Federico Villareal, La Cantuta y San Luis Gonzaga han expresado su rechazo a la disposición legal que establece que deben de dar espacio a rectores recién elegidos.

A través de un comunicado emitido a través de la Asociación de Universidades del Perú, señalaron que la Ley Universitaria contradice a la Constitución Política.

Al respecto, Daniel Mora recordó que el Tribunal Constitucional "declaró constitucional a la ley en todos sus artículos".

Mora recordó que en diciembre pasado, cuando en los centros de estudios universitarios públicos debió de nombrarse a nuevas autoridades de acuerdo a la ley mencionada, esto no se hizo, ya que desde el Ministerio de Educación se dio un plazo de un año de prórroga.