Derogación del D.Leg. 1607 propicia la delincuencia en las zonas mineras

En concreto, el dispositivo facultaba a la Policía a intervenir a los mineros que incurrían en tenencia ilegal de explosivos y les ponía como fecha tope el 20 de marzo, es decir ayer, para que puedan formalizarse. Con el amplio aval del Congreso (ver cuadro en la siguiente página), podrán seguir extrayendo con total impunidad en operaciones mineras, sin control ambiental ni fiscalización policial, aumentando el riesgo de que siga campeando el crimen organizado, la extorsión, trata de personas y un largo etcétera de vicios que ninguna autoridad parece estar dispuesta a frenar.

¿Qué hará el Gobierno? El exviceministro de Minas Guillermo Shinno opina que “el Ejecutivo debe observar la norma y debe plantear un esquema alternativo para evitar que el Congreso la ratifique”.

“Ese esquema debería ser una salida para que los mineros artesanales puedan continuar con su proceso de formalización, porque lo que han derogado afecta solo a aquellos que tienen su Reinfo suspendido. Si está suspendido, es porque no reúnen los requisitos. Son ilegales. Se les da 90 días para quienes tienen Reinfo vigente para que se pongan de acuerdo con la empresa minera que sí está produciendo y puedan trabajar”, explicó a Perú21.

De confirmarse la derogatoria, indicó, entraríamos a un escenario de impunidad, en el que puede ocurrir una situación similar a la acontecida en Pataz, donde delincuentes asesinaron a nueve trabajadores a inicios de diciembre del 2023. Shinno añadió que “es un daño a la imagen del país de cara a los inversionistas que ven que pueden apostar varios millones de dólares y pueden verse en alto riesgo de ser invadidos en cualquier momento”.

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés dijo que espera poco del Gobierno porque “hubo muchos cambios de opinión”.

“Incluso el ministro Rómulo Mucho aparentemente considera apropiada la suspensión del decreto por sus últimos comentarios. Sea como fuere, nos encontramos en un punto muy complejo. Detrás de todo esto hay unos deseos del Congreso de ganar votos a futuro ahora que ya hay la posibilidad de la reelección congresal. Los congresistas están apuntando a ganar caudal electoral porque medio millón de personas estarían en el ámbito de la minería ilegal”, manifestó a este diario.

En el caso del Ejecutivo, sostuvo, “me da la sensación que no quieren hacerse de un frente complicado a raíz de los anuncios de marchas y una eventual conflictividad social violenta, y prefieren aceptar la decisión del Congreso. Más aún cuando tenemos un primer ministro que no ha pasado por el Congreso para validar su presencia”.

Valdés indicó que “estamos dándole un mensaje equivocado a los mineros, diciéndoles ‘ustedes si se ponen fuertes pueden lograr que el Ejecutivo y el Legislativo hagan lo que les parezca’”. También dijo que le corresponde al sector privado presentar propuestas o alternativas “fuera de la caja”, como revisar si es necesario continuar con el sistema de concesiones vigentes, ya que uno de los aspectos que demandan los mineros informales está relacionado con que el 95% de los terrenos ya están concesionados y no todos son explotados.

“Además, tiene que investigarse a dónde va el oro, quién lo procesa, quién lo exporta, quién lo comercializa, quién financia esta actividad. Se mueve más de 4,000 millones de dólares en el mercado ilegal de minería no formal. Ese volumen tan grande de dinero supera el presupuesto del Ministerio del Interior y de toda la Policía”, finalizó.

El abogado César Ipenza, especialista en delitos ambientales, manifestó a Perú21 que “veo difícil que el Ejecutivo observe la norma, hay un cogobierno con el Congreso. Ya el Minem publicó un comunicado en el que dice que es respetuoso de las competencias de los otros poderes”.

“El Minem debería asumir un rol más proactivo en la lucha contra la minería ilegal y también en el Reinfo. No es posible que para excluir mineros que no cumplen con las condiciones de formalización se tome hasta más de 2 años. El decreto daba una herramienta para sacar a quienes no cumplen las condiciones”, continuó.

Ipenza lamentó que “se sigue incrementando la minería ilegal y, además, se sigue utilizando herramientas que pueden ser válidas como el Reinfo para impedir que la Fiscalía Ambiental pueda procesar a personas que están haciendo minería ilegal”.

Además, reveló que debido a este “logro de los mineros”, están organizándose en Madre de Dios con el gobernador regional, para “plantear la extensión del proceso de formalización” que ahora vence el 31 de diciembre del 2024, porque dicen que no es suficiente.

“No creo que deba haber una nueva ley porque demanda mucho tiempo y durante ese proceso los mineros seguirán operando sin mecanismos de control. Quien debe tomar una decisión es el Ejecutivo. Este es un tema de interés nacional y soberanía”, concluyó.