El Ejecutivo y el Congreso han jugado nuevamente en pared y en favor de la delincuencia. Esta vez, el gobierno de Dina Boluarte promulgó sin observar las leyes aprobadas en el Parlamento que, entre otras cosas, impiden capturar preliminarmente a investigados si no son atrapados en flagrancia. Es decir, solo podrán ser detenidos si son sorprendidos con las manos en la masa.
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Boluarte pide ahora pena de muerte para los violadores de menores de edad, pero con esta norma no se puede detener a un violador si este no es capturado en flagrancia. Terrible y monumental incongruencia.
La Ley N° 32181, publicada ayer en el diario El Peruano, parecía ser una norma necesaria y oportuna, ya que lleva de título “Brindar mayor protección al personal de la Policía” durante su lucha contra el hampa común.
La directriz estipula que un efectivo policial no podrá ser detenido si, en ejercicio de su función constitucional, usó su arma y provocó la muerte o lesión de un ciudadano implicado en un acto delictivo.
Sin embargo, al final del texto, en la disposición complementaria se deroga el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, que habilitaba a un juez ordenar la detención preliminar de cualquier persona así no exista flagrancia y solo considerando las evidencias de una posible fuga.
Este año, cuando la ley lo permitía, el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda fueron detenidos de forma preliminar por el caso Los Waykis en la Sombra.
En otro proceso mediático, el titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, corrió con la misma suerte al ser investigado en el caso Los Galácticos.
Y en los últimos años, varios políticos y sus operadores fueron capturados bajo esa figura legal.
Esta derogación no solo perjudica la labor de la Fiscalía que persigue el delito, también la de la Policía Nacional que investiga a delincuentes de alto calibre.
En consecuencia, solo se podrán ejecutar allanamientos para incautar pruebas. Pero incluso este tipo de diligencias fueron socavadas por el Legislativo, en septiembre pasado, al cambiar la Ley de Crimen Organizado y exigir la presencia del abogado de los investigados para recién proceder con el operativo.
Sobre el caso de violación y asesinato a una menor de 12 años, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, dijo en Perú21TV que el detenido “podría tranquilamente salir en libertad pasado mañana porque ya se deroga la disposición en virtud de la cual él está siendo detenido preliminarmente”.
Amenaza a magistrados
Ayer también se promulgó la Ley N° 32182 que hace cambios en las leyes de carrera fiscal y judicial, y en el Código Procesal Penal.
Ahora se considera una falta grave que un fiscal proporcione o divulgue información reservada de las investigaciones. De esta forma, el funcionario público puede ser destituido del cargo si se corrobora la vulneración de esta nueva disposición.
Además, para los jueces se considera en adelante como falta muy grave el ordenar la libertad de personas detenidas en flagrancia. Para el prevaricato, la ley estipula una pena de cárcel no menor de ocho ni mayor de doce años.
En realidad, los cambios aprobados por el Congreso y aceptados por el gobierno sin objeción se presentan como normas para proteger sus intereses y golpear a la justicia, que pisa los talones a la corrupción en la política.
Tenga en cuenta
-La bancada Perú Libre presentó un proyecto de ley para que los jueces y fiscales provisionales cesen sus funciones si tienen más de un año ejerciendo.
-La propuesta es perjudicial si se considera que muchos provisionales tienen en sus manos investigaciones que involucran a políticos y organizaciones criminales en el interior del país.
-El proyecto está en la Comisión de Justicia del Congreso.
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