Dina Boluarte: El Gabinete Otárola obtuvo la investidura con 73 votos a favor

Los votos en contra, 43 en total, por su parte, fueron de bancadas afines al hoy encarcelado profesor de Chota –y algunos no agrupados como Susel Paredes y Flor Pablo–, aunque hubo quienes como Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Álex Paredes y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) rompieron la unidad de sus respectivos grupos y optaron por la abstención. A ellos se sumaron Freddy Díaz, Héctor Acuña y Enrique Wong.

Fue el corolario de una accidentada jornada congresal de casi ocho horas que se inició muy temprano, con el reiterado reclamo de los bloques castillistas de que renuncie la presidenta Dina Boluarte, y prosiguió con el desfile de los parlamentarios de izquierda por el hemiciclo portando cartelones y lanzando una andanada de frases ofensivas contra los ministros.

Quizás anticipándose a este escenario, tras la asonada en Puno que dejó 18 personas fallecidas, el jefe del gabinete inició su discurso –que se prolongó una hora y 50 minutos– remarcando que el gobierno no cederá frente al chantaje.

“No somos un régimen autoritario ni nos oponemos a la legítima protesta, pero tenemos, como Estado, la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos. (...) Unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría y, menos, valiéndose de métodos violentistas; aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, subrayó.

Añadió que “no es fácil” comparecer ante el Parlamento luego de un golpe de Estado, y remarcó que el de Boluarte es un “gobierno de estabilización política que marcha hacia elecciones generales adelantadas como un modo de responder a la insatisfacción ciudadana”.

Bajo esa premisa, sostuvo que la política general que prevé implementar de aquí a julio de 2024 se basará en nueve ejes: paz social, concertación política, programas sociales, relanzamiento de la economía, reactivación y destrabe de proyectos de inversión públicas (Ver página 8) y reactivación de las regiones. Asimismo, erradicación de la corrupción, mejora de la educación, atención en salud e infraestructura.

Uno a uno los fue desmenuzando. Anunció el reforzamiento presupuestal de programas sociales como Pensión 65 y Contigo –a los que 51 mil adultos mayores y personas con discapacidad severa serán incorporados–, Qali Warma –para atender a 3 mil 300 Ollas Comunes en todo el país con una inversión de S/100 millones–, así como el financiamiento de 474 proyectos de rápida ejecución en zonas de alta conflictividad social como el Corredor Minero del Sur por un monto de S/ 731 millones, entre otros.

Sin embargo, teniendo como antecedente un gobierno como el del golpista Pedro Castillo, Otárola puso también énfasis en la lucha contra la corrupción y, en ese contexto, adelantó que “todos los funcionarios públicos deberán pasar por un test elemental de idoneidad y de sentido meritocrático de su mandato”. También confirmó la separación de 1,619 prefectos y subprefectos y su reemplazo progresivo con personas de “probada vocación demócrata”.

En materia de seguridad ciudadana, anunció la adquisición de equipamiento y 559 vehículos para la Policía Nacional, y en cuanto a lucha contra el narcotráfico, reiteró que el Ejecutivo relanzará el Modelo Perú que promueve el desarrollo alternativo integral y sostenible.

En su mensaje titulado “Por el diálogo, la paz y la meritocracia”, Otárola intentó abordar la mayor cantidad de temas. En Educación dijo que se mejorará la infraestructura y que habrá un aumento de S/500 para docentes nombrados y contratados de educación básica y técnica productiva. Sobre salud, anticipó que se invertirán S/840 millones para optimizar los establecimientos de salud de primer nivel, se fortalecerá el proceso de vacunación contra el COVID-19 y se organizará una red oncológica nacional.

Pero en su mensaje no hubo autocrítica, y así lo advirtieron no solo parlamentarios de los bloques de izquierda –que desde el arranque anunciaron que no le darían la confianza–, sino también los de la oposición, quienes, si bien manifestaron su disposición a apoyar al gobierno a salir de este trance de protestas y convulsión social, también le recordaron a Otárola que el apoyo no es un cheque en blanco. En esa línea, desde Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular, entre otras fuerzas, le reclamaron restituir el principio de autoridad, mayor previsión de la conflictividad social e incluso la renuncia de los titulares del Interior y de Defensa como responsables políticos de las muertes por las protestas.