Dina Boluarte es presidenta por partida doble: del Perú y del Club Apurímac

Según la partida N° 03001776 inscrita en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), a la que accedió este diario, Dina Ercilia Boluarte Zegarra todavía será presidenta del club hasta el próximo 15 de febrero de 2024. Su mandato inició en 2019 y ella tramitó su extensión, con el aval del consejo directivo, hasta esa fecha.

Por ese hecho, es decir, mantener el cargo privado, y a su vez hacer gestiones administrativas a su nombre, Boluarte fue denunciada, en el 2022, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por presuntamente infringir el artículo 126 de la Carta Magna, que prohíbe que un ministro de Estado pueda ser miembro de una asociación privada, y mucho menos hacer gestiones a su nombre.

La denuncia contra Boluarte pedía que sea inhabilitada 10 años de la función pública, pero 13 congresistas de ocho bancadas, aliadas al gobierno de Pedro Castillo, la salvaron.

Los constitucionalistas Erick Urbina y Carlos Hakansson aseguraron a Perú21 que el artículo 126 de la Carta Magna le prohíbe “por analogía” y “por extensión” ser presidenta del Perú y a su vez ser titular del Club Apurímac.

Lo que pasa es que si bien no dice textualmente que el mandatario no puede tener un cargo en un ente privado, tácitamente se sobreentiende.

“Si es que el artículo 126 de la Constitución le prohíbe a un ministro ejercer cualquier cargo de dirección o gestión en un ente privado, con mayor razón le exige al presidente de la República; esto es por analogía”, explicó Urbina.

“Por extensión, si los colaboradores directos del presidente, que son los ministros, tienen incompatibilidades, más aún quien preside la nación y personifica el Estado”, dijo Hakansson.

Urbina y Hakansson coincidieron en que si bien el artículo 117 la protege porque no puede ser acusada por ese motivo, consideraron que ese hecho podría ser utilizado por sus opositores para presentar una moción de vacancia presidencial.

“Existe la opción de vacancia por incapacidad moral que podría ser tomada en cuenta por aquellos congresistas que consideren que está haciendo mal uso de su cargo como presidenta y beneficiar a un club departamental”, dijo Urbina.

El último 5 de diciembre, dos días antes de que Boluarte jurara como presidenta del Perú, se debatió su denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El informe elaborado por el congresista Edgard Reymundo (JPP), aliado de Perú Libre, agrupación con la que Boluarte fue electa vicepresidenta, recomendó archivar su caso porque no encontró indicios de infracción constitucional.

La defensa de Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ante los medios fue que ella no cometió infracción constitucional porque desde el 26 de julio de 2021 no era presidenta del Club Apurímac ya que había pedido licencia.

Ese argumento fue rebatido por los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi, Erick Urbina y Aníbal Quiroga, quienes coincidieron que pedir licencia “no era lo mismo que no tener el cargo” porque tendría que haber renunciado al mismo.

Pero eso no es todo. El pasado 20 de setiembre de 2021, cuando era titular del Midis y estaba encargada del despacho presidencial –porque Castillo estaba en México– fue a la notaría Jorge Luis Gonzales Loli a firmar una escritura de modificación del estatuto del Club Apurímac para que ella y el consejo directivo puedan quedarse en sus puestos hasta febrero de 2024. Por eso, ella ostenta hasta hoy ese cargo.

Según el acta, ella aparecía con un préstamo en dicho club por un monto de S/9,739.

Y, tres meses después, el 30 de diciembre de 2021, envió una carta al SAT de la Municipalidad de Lima para que le condone al Club Apurímac una deuda de S/39,941. Pero, no se la concedieron porque hasta ahora figura con ese pago pendiente, comprobó Perú21.

Donde sí tuvo una gestión exitosa fue al haber conseguido que la comuna le otorgue la licencia de funcionamiento al restaurante-bar de su club. Eso ocurrió en mayo de 2022.

-El Despacho Presidencial informó a Perú 21 que la SAC investigó durante un año este tema “y al no encontrar irregularidades lo archivó”.

-Los 13 congresistas que la blindaron son: Reymundo (JPP), Balcázar (PB), Montalvo (PL), Cruz Mamani (PL), Palacios (PL), Soto (AP), Aragón (AP), Arriola (AP), Medina Hermosilla (BM), Quiroz (BM), Echeverría (PD), Paredes (IyD) y Saavedra (SP).

-El próximo 7 de marzo la presidenta ha anunciado que asistirá presencialmente a la Fiscalía a declarar por las muertes en las violentas protestas.