Los múltiples cuestionamientos políticos y judiciales que afronta la presidenta de la República, Dina Boluarte, la han llevado a brindar discursos populistas, como aquel que dio hace dos meses, durante una ceremonia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el que pidió públicamente “abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores” luego del asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo.
La pena capital, como es conocido, es un ofrecimiento político de larga data que cae en saco roto por los bajos estándares de fiabilidad del sistema judicial y por los altos costos internacionales que le ocasionaría al Perú desconocer tratados como La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.
La fórmula para evitar la trata de personas, la explotación sexual y, en suma, la vejación de la niñez y adolescencia podría estar en otro lado, lejos de la demagogia palaciega.
De todas las normas promulgadas durante el actual quinquenio que no tienen reglamento, hay leyes referentes a educación, salud, seguridad, economía, trabajo, justicia y más. Algunas esperan desde 2021.
UNA LEY SIN REGLAMENTO
No han sido dos meses sino más de dos largos años los que una ley medular en la lucha contra la explotación infantil ha sido olvidada, no elaborando y publicando su reglamento para que entre en verdadera ejecución.
La Ley 31664, que modifica la Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes, fue publicada el 30 de diciembre de 2022, tres semanas después de que Dina Boluarte jurara como mandataria tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo.
La norma obliga a las empresas que ofrecen el servicio de internet en espacios públicos, como centros comerciales, restaurantes, cabinas de internet, aeropuertos, plazas, parques e incluso sedes de entidades bancarias, a tener registros y filtros mínimos para evitar que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos. Su falta de reglamentación, hace imposible que las más de 1,800 municipalidades provinciales y distritales del país, encargadas de fiscalizar que la medida se cumpla, establezcan e impongan sanciones a los establecimientos que la incumplan.
“Existe un reglamento macro, pero el específico de la Ley 31664 no está por inacción del Gobierno nacional. Quien tiene competencia es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM”, lamentó la investigadora Carol Inga, coordinadora de proyecto de CHS Alternativo, en conversación con Perú21.
Por falta de reglamentación, casi 10 millones de niñas, niños y adolescentes peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Un estudio de CHS Alternativo del año pasado reveló que 4 de cada 10 niños han recibido propuestas peligrosas en Internet. Las redes sociales, los videojuegos y otras plataformas digitales se han convertido en el principal medio de captación de niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual.
De acuerdo a las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 575 denuncias por el delito de chantaje sexual, 164 denuncias por proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, 118 denuncias por pornografía infantil y 22 denuncias por explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, entre otros.
“Hoy, en el Día de Internet Seguro, es importante recordar que, sin estos filtros, los niños y adolescentes pueden acceder a cualquier tipo de contenido violento y pornográfico en internet”, continuó Inga.
La agrupación de izquierda, que fue parte del gobierno de Pedro Castillo, ha tenido una baja producción legislativa desde que llegó al Congreso en 2021.
VEHÍCULO DE EXPLOTACIÓN
La investigadora refirió que el acceso de niñas, niños y adolescentes sin restricciones a Internet “está ligado con la desaparición de muchos niños que van a espacios públicos por haberse contactado con alguien y luego no se sabe nada de ellos”.
En la región de Loreto, por ejemplo, si bien la trata y la explotación sexual tiene indicadores altos, “las nuevas tecnologías y el uso de Internet en espacios públicos ha incrementado las situaciones de captación y desaparición”. Inga añadió que hay poca conciencia de denuncia, lo que ha originado que existan muchos casos subreportados.
“Cuando uno averigua sobre delitos como la trata de personas o la explotación sexual, se da cuenta que el inicio de todo está en el internet. Los adolescentes de escasos recursos ven a TikTok o a Instagram como una fuente para gestionar un poco de dinero y en esa situación de vulnerabilidad les llegan ofertas. Entonces, Internet en vez de ser un sitio seguro para que estudien, está siendo un vehículo para que sean captadas y explotadas, igual que los varones. Si no hay regulación, las cosas se van de las manos”, expresó.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a cargo de César Vílchez Inga, respondió a Perú21 que “el reglamento es necesario para especificar las conductas infractoras y sancionadoras según su gravedad”, pero que su ausencia “no significa que los municipios no puedan tomar acciones”. Aseguran que se pueden “adoptar medidas preventivas en función de ordenanzas locales y reportar los casos como infracciones administrativas o, si corresponde, como delitos”.
¿Por qué no se publica el reglamento, habiendo pasado más de dos años?, consultamos. Ante ello, respondieron que “el proceso de actualización del reglamento está en marcha” y debe pasar por un “proceso regulatorio que evalúa la viabilidad, los efectos y costos de la norma antes de su aprobación final”.
“Entendemos la necesidad de acelerar el proceso, por lo que se están articulando esfuerzos para avanzar en su aprobación y publicación en el menor tiempo posible”, dijeron.
En el documento que nos remitieron, también indican que el reglamento “fortalecerá las medidas de prevención en entornos digitales” en favor de niñas, niños y adolescentes, pero que si bien este será una “herramienta importante” en la lucha contra la trata y la explotación sexual infantil, “su impacto será más efectivo si se complementa con estrategias coordinadas de sensibilización, formación y persecución del delito a cargo de otras entidades públicas”.
No hay fecha de publicación del reglamento, pero sí sabemos cuándo continuará la trata, la explotación sexual infantil y la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenido inapropiado en internet: será hoy mismo.
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