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Patricia Chirinos solicita a subcomisión priorizar evaluación de denuncia constitucional contra Dina Boluarte
La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), solicitó a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Rosío Salinas (Alianza para el Progreso), que se le dé celeridad a la denuncia constitucional que presentó su bancada contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
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La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), solicitó a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Salinas (Alianza para el Progreso), que se le dé celeridad a la denuncia que presentó su bancada contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
A través de un oficio, Chirinos Venegas le pidió con “carácter de urgencia” que se priorice la denuncia presentada por la parlamentaria Norma Yarrow (Avanza País) contra la también vicepresidenta por una presunta infracción a la Constitución Política del Perú.
En el mismo documento, la legisladora le solicitó a la presidenta del mencionado grupo de trabajo parlamentario que la iniciativa sea vista en la próxima sesión que se lleve a cabo.
“El presente pedido lo realizo en razón de que existirían indicios que demostrarían que la actual vicepresidenta de la República no ha procedido de acuerdo a lo establecido por la ley. Sin otro particular, sirva la presente para reiterarle mi consideración personal”, agregó Patricia Chirinos
Denuncia contra Boluarte
En la denuncia constitucional, Yarrow Lumbreras alega que Boluarte Zegarra habría cometido una infracción a los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución Política del Perú.
En relación a la presunta infracción al artículo 126, la congresista se basa en el informe que presentó la Contraloría, el cual detalla que Dina Boluarte firmó documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac siendo funcionaria.
Esta denuncia plantea que a la funcionaria se le destituya del cargo de vicepresidenta de la República y se le inhabilite de la función pública por 10 años.
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