El Poder Ejecutivo presentó el jueves al Congreso de la República un proyecto de ley que solicita facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional, por un plazo de 60 días.
Acabó el juicio oral contra el expresidente, acusado de recibir 2.3 millones de soles en sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Pese al caudal probatorio acreditado por la Fiscalía, reiteró su inocencia y jura que no se asilará. Igual la Policía tiene que estar alerta.
El anuncio fue hecho por el presidente de la república, José Jerí, quien pidió al Parlamento "su pronto debate y votación".
"Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación."
El artículo primero de la propuesta establece: “La presente Ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, por un plazo de 60 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor”.
Las materias sobre las que se solicita legislar son seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada; crecimiento económico responsable; y fortalecimiento institucional.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que la medida permitirá “fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y la criminalidad organizada, mediante normas con rango de ley que optimicen la respuesta institucional y mejoren la eficacia del sistema penal, policial y penitenciario”.
El proyecto contempla 23 medidas, entre las cuales se priorizan la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC) y la implementación de la Brigada Canina de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario.
Estas acciones se aplicarán de manera progresiva y se financiarán con el presupuesto institucional de las entidades competentes, sin generar gastos adicionales. Según la exposición de motivos, “se espera un impacto positivo en los indicadores de seguridad ciudadana y una mejora sostenida en la eficacia de las políticas públicas de prevención y control del delito”.
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