Hasta inicios de esta semana, sobre el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pesaba una condena de tres años y seis meses de prisión por la adjudicación irregular de las obras de construcción del Aeródromo Wanka, y por la cual pasó a la clandestinidad hace 540 días. También una sentencia de cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida por irregularidades en la licitación de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya durante su gestión como gobernador regional de Junín.
Aún seguirá en la clandestinidad, pues tiene una orden de prisión preventiva por lavado de activos.
Hoy, el otrora socio político de la presidenta Dina Boluarte está libre de polvo y paja, por lo menos en esos dos casos —todavía tiene una orden de prisión preventiva de 24 meses en su contra por el caso de aportes irregulares a su agrupación—. El miércoles 26, la Corte Suprema lo absolvió de la primera condena, y ayer el Tribunal Constitucional (TC) declaró, por mayoría, fundado el habeas corpus presentado por su defensa legal, anuló la sentencia contra él por el caso La Oroya por los delitos de negociación incompatible y le ordenó al Poder Judicial emitir un nuevo pronunciamiento. Los cuatro votos a su favor fueron de Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez.
Hoy, Vladimir Roy Cerrón Rojas —pese a su cuestionado y frondoso historial de antecedentes judiciales— está habilitado para postular en las elecciones generales de 2026, y expedito para sumarse a la lista de eventuales aspirantes impresentables que aspiran a llegar a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino.
“No es que el TC lo está habilitando, sino que, como no tiene antecedentes, podría ser candidato (...) porque ya no tendría ningún impedimento legal”, dijo a Perú21 su abogado Luis Mayhua, quien añadió que al líder del partido del lapicito tampoco podría aplicársele el decreto legislativo que impone una inhabilitación para ejercer la función pública de 5 a 20 años a las personas sentenciadas por delitos contra la administración pública. “Esa ley de muerte civil apareció en 2017 y este es un caso de 2011, no tendría por qué aplicar”, agregó.
“Cerrón puede postular”
José Naupari, experto en Derecho Electoral, declaró a este diario que “si Cerrón no tiene ninguna sentencia condenatoria vigente, no figura en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles —porque una cosa es que lo absuelvan de la responsabilidad penal y otra de la obligación de pagar una reparación civil— y figura como afiliado a una organización política desde el 12 de julio del año pasado, sí podría candidatear”. “Tener un mandato de prisión preventiva o estar procesado no te inhabilita de postular, no supone un impedimento de candidatura”, indicó.
¿Podría, entonces, Cerrón postular desde la clandestinidad? El especialista indicó que sí aun cuando tenga una orden de prisión preventiva vigente en su contra.
“(El pedido de prisión) es parte de un proceso, no es una sentencia. Él no va a tener que ir a inscribirse, lo hace el personero de la organización, y sí pues, tranquilamente podría hacer campaña (desde la clandestinidad), ahora con las nuevas tecnologías es más fácil, para eso tienes redes sociales, inteligencia artificial, toda esta tecnología que te permite hacer campaña remota por decirlo de alguna manera”, refirió.
¿Y en el supuesto de que resultara electo? Naupari es claro al respecto. “Si la orden de prisión preventiva sigue vigente se suspendería la entrega de sus credenciales y no podría asumir hasta que se resuelva su situación jurídica”, explicó.
Cuentas pendientes
El punto de vista penal lo dio el abogado Fernando Silva. En entrevista con Perú21, sostuvo que “al no tener ninguna sentencia condenatoria firme, Cerrón goza de todos los derechos y la presunción de inocencia que tenemos todos los ciudadanos, y no se le aplica la norma que establece la muerte civil para los delitos contra la administración pública”.
El jurista agregó que habiendo una disposición expresa del TC para que el PJ emita un nuevo pronunciamiento, pero dado que los delitos que se le imputaron al exgobernador por el caso La Oroya ya prescribieron, “el juez está en la posibilidad de disponer el archivo del caso por prescripción”, lo cual no requiere mayor trámite.
No obstante, subrayó que si bien Cerrón podría hacer campaña desde la clandestinidad, al pesar una orden de prisión preventiva en su contra sería detenido si la hace de manera presencial. “Ese es un impedimento de facto, por decirlo de alguna manera, a realizar la campaña; postular lo puede hacer en estricto, pero con todo lo que eso implica va a ser muy difícil que este señor mantenga una candidatura”, comentó.
Ahora, el perulibrista puede estar legalmente habilitado, pero ¿y el tema ético? “Él puede postular, pero las personas que votamos somos los demás ciudadanos. Habría que ser muy inocente para votar por un señor como Vladimir Cerrón, ¿no?”, respondió Silva.
SABÍA QUE
En 2021, José Luna Gálvez fue elegido congresista mientras cumplía detención domiciliaria por presunto delito de organización criminal. El Poder Judicial cambió la medida por comparecencia con restricciones por lo que pudo jurar al cargo.
En 2014, Gregorio Santos —quien cumple hoy una condena de 19 años por lavado de activos y colusión— fue reelecto presidente regional de Cajamarca, pero no pudo recoger sus credenciales por estar recluido en Piedras Gordas.
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