Al Congreso de la República le quedan menos de seis meses para aprobar las reformas electorales que deben surtir efecto en los comicios generales de abril de 2026, ya que, según la normativa vigente, estos cambios se podrán ejecutar en ese proceso siempre que sean promulgados, como tope, un año antes de la jornada electoral. En ese escenario, una de las modificaciones electorales que deben ser priorizadas es la que permitiría los aportes de empresas privadas con fines de lucro a los partidos políticos durante la contienda.
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En 2017, año en que reventó el escándalo de corrupción que protagonizó la empresa brasileña Odebrecht, el Parlamento modificó la Ley de Organizaciones Políticas prohibiendo estos aportes y limitando los apoyos económicos para que estos provengan únicamente de personas naturales, quienes deben hacerlo de manera bancarizada.
Sin embargo, la coyuntura actual conduce a pensar en retomar el modelo anterior con ciertos candados, con el fin de evitar que las economías ilegales suplan esos aportes económicos. La abogada constitucionalista Milagros Campos señaló, en Perú21, que “el financiamiento impacta en la competencia electoral, el funcionamiento de las instituciones, y es fundamental para garantizar la integridad en la política”.
Dijo, además, que el financiamiento privado “trata de garantizar la transparencia y evitar que los recursos provengan de fuentes ilícitas” y que “la información y el control no solo son útiles para los entes reguladores, sino que también proporcionan a los votantes datos clave y disuaden a la corrupción”.
En tanto, el abogado especialista en derecho electoral José Naupari Wong sostuvo que “no debería haber inconveniente en permitir aportes de personas jurídicas con fines de lucro”, pero, para fomentar la transparencia, estos deberían ser visibles y públicos “en tiempo real”. Posteriormente, añadió que se debe verificar que “los contratos que se realicen con el Estado sean en orden al mérito y no como un premio” a las empresas aportantes.
“Permitiendo esto, formalmente puedes optimizar la transparencia, pero, más que saber quién aporta y cuánto, lo importante es que esa información se conozca en tiempo real. Ahora, la ley contempla que los partidos deben hacer dos informes a la ONPE, uno durante y otro después del proceso. Ambos informes servirían muy poco para transparentar los aportes”, manifestó a Perú21.
A finales de agosto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso, a través del JNE, para permitir que empresas nacionales puedan financiar organizaciones políticas. Según señaló en aquella oportunidad, “el gran problema es el dinero que viene de la tala ilegal, del narcotráfico y la minería ilegal”, que aportan económicamente a campañas y candidatos a cargos de elección popular.
Ese proyecto dispone que los partidos pueden recibir dinero de la financiación privada mediante contribuciones en efectivo o especies de persona natural, persona jurídica nacional, o mediante persona jurídica extranjera sin fines de lucro, que no supere las 120 UIT al año. También se establece impedimentos sobre empresas que tengan vínculos contractuales con el Estado.
Según pudo conocer Perú21, el JNE realizó dos plenos para discutir la propuesta de la ONPE. Sin embargo, hubo varias observaciones, por lo que la propuesta aún no ha sido remitida al Congreso.
DEBATE EN EL CONGRESO
La semana entrante será de representación; sin embargo, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, señaló que tiene previsto debatir la norma que contempla reincorporar la figura del financiamiento privado a los partidos políticos.
En su opinión, “evidentemente debería permitirse el financiamiento privado de los partidos en las campañas electorales. Ya sabemos lo que va a ocurrir si eso no sucede, que la minería ilegal, el crimen organizado, el narcotráfico van a financiar por lo bajo, porque son delincuentes; obviamente, van a financiar por lo bajo determinadas campañas y van a tener alcaldes, gobernadores, congresistas y de repente hasta un presidente de la República, como ya hemos visto que ha ocurrido”.
En declaraciones a RPP, el legislador sostuvo que “son absurdos esos límites que se han impuesto a la financiación privada de campañas electorales y eso debería modificarse, como ocurre en todas partes del mundo, donde las campañas son financiadas por entes privados”.
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