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Eligen a un nuevo jefe de la Sunedu en medio de serios cuestionamientos
La Ley 31520 que “tiene por objeto restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, muestra, a través de su nuevo consejo directivo, lo opuesto a lo que prometió.
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La Ley 31520 que “tiene por objeto restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, muestra, a través de su nuevo consejo directivo, lo opuesto a lo que prometió.
Y es que, tras la aprobación de la norma, el directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ha elegido ayer al nuevo superintendente de la entidad con cuatro miembros de siete, incumpliendo lo que dicta la propia Ley.
Estos son los dos representantes de universidades públicas, uno del Ministerio de Educación (Minedu) y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú, de los cuales al menos tres tienen cuestionamientos, entre ellos el nuevo superintendente de la Sunedu: Manuel Castillo Venegas, de la Universidad Nacional de Piura.
Los integrantes faltantes pertenecen a Concytec, universidades privadas y al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), entidades que, justamente, se mostraron en contra de la aprobación de la mencionada Ley.
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Castillo Venegas tiene una lista de antecedentes que no lo hacen el mejor candidato para una entidad que se encarga de proteger la calidad de la educación superior. Este abogado ha sido investigado por el presunto delito de lavado de activos por el manejo ilegal de los concursos docentes de la universidad de donde proviene y, por si fuera poco, fue acusado de la malversación de fondos del Colegio de Abogados de Piura (ICAP). Estos casos fueron seguidos muy de cerca por la prensa piurana.
Fuentes de Perú21 advirtieron que “se estaba buscando elegir un superintendente contrarreforma universitaria bloqueando la designación del Sineace y obviando a otros representantes”.
Este diario intentó comunicarse con el nuevo superintendente de la Sunedu, pero hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.
BENEFICIADAS
Según una lista de universidades no licenciadas obtenida por este diario, hasta el año pasado, eran 51 los centros de estudios superiores que no tenían licencia de funcionamiento por no cumplir hasta 41 de los 44 requisitos básicos de calidad que se necesitan para ser licenciadas.
Dentro de este grupo se encuentra, por ejemplo, la Universidad Privada del Centro (Upecen) de la familia León Untiveros quienes tienen relación directa con la familia del condenado por corrupción y dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La mencionada familia y los Cerrón Rojas, según comentó uno de los hijos Untiveros a este diario, se conocen hace no menos de 25 años. Los padres de Vladimir Cerrón trabajaron en la Upecen. Jaime Cerrón Palomino llegó a ser vicerrector académico de la universidad y Bertha Rojas docente del mismo centro. Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir y congresista, es licenciado en educación por dicha universidad.
Otra es, la Universidad Privada Telesup, que además de una multa de S/58 mil por cobros ilegales, llamó la atención por uno de sus inmuebles ubicado en San Juan de Lurigancho, donde la estructura aparentaba tener siete pisos, cuando en realidad solo tenía cuatro. Un informe de Sunedu aseguró que esta y otras sedes no cumplieron con estándares mínimos de calidad, poniendo en riesgo la vida de los alumnos.
También está el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que fue sancionada por el presunto uso indebido de activos y excedentes universitarios. En 2016 sus ingresos bordearon los S/200 millones, cuando solo en gasto administrativo excedía los S/221 millones, esto sin mencionar el salario que recibía su exrrector Luis Cervantes Liñán, que superaba los S/2 millones mensuales, según reportes periodísticos de la época.
Esta universidad también fue sancionada con 300 UIT, equivalentes a S/1'260,000, por emitir títulos profesionales a bachilleres egresados de otras universidades.
Estas son las universidades que podrían volver a funcionar si la Sunedu cambia de rumbo.
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Para el exministro de Educación Juan Cadillo, primero se debería revisar “que el objetivo de la normativa es que el supervisado se convertiría en supervisor. Crea suspicacia y se ve una clara injerencia del Ministerio (de Educación) al saberse que los miembros (del Consejo Directivo) en lugar de que se reúnan en las instalaciones de la Sunedu lo hagan en el Minedu”, aseguró.
Además, llamó al Minedu a cambiar a su representante, porque tras conocerse que hay irregularidades y no cambiar de representante, denota que “hay una clara cuestión de intereses”, aseveró.
Todos los ojos de los actores alrededor de la educación superior están puestos sobre la Sunedu.
TENGA EN CUENTA
Las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular y Fuerza Popular fueron las que lanzaron un salvavidas a universidades sin licencia al aprobar la norma en el Congreso. Muchas de estas universidades sin licencia están relacionadas a parlamentarios de la Comisión de Educación, que fue de donde salieron los proyectos para más adelante ser aprobados. Incluso, el expresidente Pedro Castillo se lució en una playa de Lima con el exrrector de la Universidad Peruana de las Américas, empresa que no obtuvo la licencia.
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