Ernesto Blume: “No seamos ingenuos. El gobierno quiere disolver el Congreso”

El Perú es un Estado constitucional y cualquier salida debe ajustarse a la Constitución. Hablar de un adelanto de elecciones escapa a los cánones constitucionales. Les preguntaría a los promotores de esa fórmula, dónde está el basamento para convocar elecciones –y estoy hablando las congresales– a pesar de que la Constitución dispone que estas se realizan cada cinco años. Los actuales congresistas juraron respetar y hacer cumplir la Constitución, y ejercer su mandato por cinco años. Esa fórmula de que se vayan todos no tiene asidero.

Lo que sí procede es aplicar las responsabilidades respectivas con relación al presidente de la República porque la Constitución sí prevé el camino de la vacancia por incapacidad moral permanente. Hay una moción firmada por 67 congresistas que describe una serie de situaciones sumamente preocupantes que significarían la descalificación moral del presidente. Por ejemplo, tenemos el desmantelamiento de la administración pública y el copamiento de la misma.

La moción es bastante prolija al describir todos los hechos que han venido sucediendo. Otro tema, que también está en la moción, es la vinculación con graves delitos de corrupción y se basa en la denuncia constitucional que formulara la fiscal de la Nación. Esta es una denuncia contundente que demostraría que el presidente sería, supuestamente, cabecilla de una organización criminal. A esto se suman las graves faltas éticas, los intentos de alterar el equilibrio de poderes, de inmiscuirse en lo que se refiere al respeto de la separación de poderes y los intentos de corrupción a nivel parlamentario. Son un conjunto de temas agrupados en cuatro aspectos, pero que son suficientemente demostrativos para acreditar que el presidente no tiene las condiciones para ejercer el cargo. No da la talla. Y él mismo lo ha confesado en una entrevista internacional.

La vacancia significa la destitución del presidente por una causal de incapacidad moral. La suspensión es mantener todavía al presidente, pero suspenderlo en el ejercicio de sus funciones en tanto se dé una determinada situación. Lo que ocurre es que el artículo 113 en su inciso segundo establece como una de las causales de vacancia la incapacidad moral permanente. El artículo 114 (de la suspensión) inciso primero habla de la incapacidad temporal. Ocurre, además, que esta figura de la incapacidad temporal no tiene todavía una regulación en cuanto a su trámite en el Reglamento del Congreso. Lo que acaba de hacer la Comisión de Constitución es aprobar un proyecto de incorporación, en el artículo 89 del Reglamento, de un artículo adicional, el 89 B, en el cual se establece el procedimiento para la suspensión y eso implica que la decisión pueda adoptarse por la mitad más uno del número legal de congresistas (65). La suspensión puede ser hasta por 36 meses. Ese tiempo es para que se investigue y para que se apliquen medidas. Son dos figuras independientes, pero que tienden a responder frente a actos que violan la responsabilidad y las obligaciones que corresponden a un presidente de la República.

Asumiría la actual vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, tanto si se le vaca al presidente o si se le suspende.

Tengo la sensación de que, siendo abogada y siendo una persona que observa todo lo que viene aconteciendo, pues, que tenga la suficiente madurez para sopesar esa situación y actuar en consecuencia.

Advertimos una entraña autoritaria que no me extraña porque evidentemente Castillo pertenece a un movimiento continental: el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI, que pretende sojuzgar a los pueblos de América, crear Estados plurinacionales y modelos como el de Cuba, Nicaragua o Venezuela para tener cúpulas con privilegios en perjuicio del pueblo. Revela cierto tufillo de dictador. Es decir, que al señor no le importa la Constitución. Póngase en el supuesto de que lo vaquen o lo suspendan usando los mecanismos constitucionales. ‘A mí nadie me saca’, es un dictador, es un autócrata, es el dueño de la verdad, es el dueño del poder y de ahí no lo mueve ni el Papa, eso es una barbaridad; eso revela no solamente una orfandad jurídico constitucional y una miopía procesal y constitucional. No me extraña, porque el ideario de Perú Libre postula el marxismo. Lo que quieren es establecer un sistema de entraña comunista. Nos estamos jugando la democracia.

Ese pronunciamiento es sesgado y totalmente parcializado. Lo que teóricamente movió a Castillo a activar la Carta Democrática fue que aquí se estaría gestando un golpe de Estado. Se usó un ardid argumental. Se engañó a la comunidad internacional grotescamente y se dijo que había esa posibilidad y eso ha quedado totalmente descartado. De eso no hablan, lo ignoran totalmente y hacen una declaración medio lírica, diplomática, general, pero, en la que tratan de poner paños fríos. Yo creo que no hay que hacerle caso a esa recomendación y hay que seguir ajustando nuestras conductas a la Constitución. El Congreso debe empoderarse en su posición y cumplir con el rol patriótico que esta hora le reclama en el sentido de no permitir que un gobierno que está descalificado continúe mandando en el Perú.

Existe un proceso competencial iniciado por el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo por el tema de la cuestión de confianza; en ese proceso se ha admitido la demanda y se han otorgado 30 días para que el Ejecutivo conteste. Después viene una audiencia y luego una sentencia, eso puede demorar un tiempo mayor. Pero, una vez que se admitió la demanda, el artículo pertinente del nuevo Código Procesal Constitucional (el 110) dice: el demandante puede solicitar al tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Eso es lo que ha hecho el Legislativo. Le ha pedido al TC, en tanto se tramita el proceso competencial, que dicte una medida cautelar para evitar que el Ejecutivo materialice lo que ha sido su intención: convertir una declaración de improcedencia de pedido de confianza en un rehusamiento y en un agotamiento de la famosa primera bala de plata. El TC le ha dicho a Castillo ‘un momentito, no puedes usar esa fórmula’ para disolver el Congreso, ni utilizar el argumento que estás utilizando para los efectos que pretende. Esto muestra a un Tribunal autónomo e independiente.

No seamos cándidos. El gobierno quiere disolver el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente. Establecer sus propias reglas y perennizarse en el poder. Yo observo, de otro lado, que este es un gobierno débil y está en retirada, pero ellos quieren disimular. Las instituciones a las cuales han pretendido enfrentar y debilitar han demostrado independencia: el TC, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Colegio de Abogados, organizaciones de empresarios. Hay una serie de grupos que han salido al frente, sobre todo ante los disparates de Aníbal Torres con ofensas a diestra y siniestra. Las Fuerzas Armadas están demostrando independencia y los intentos por dominar la Policía no tienen un éxito.

Entonces es un gobierno desesperado. Ahora, es peligroso un gobierno desesperado y acorralado porque es capaz de reaccionar de cualquier forma. Tenemos que estar preparados, pero el gobierno tiene que entender que los peruanos no nos vamos a asustar.

En el Perú hay una falencia, gigantesca, de cultura y sentimiento constitucional. Uno observa cómo muy suelto de huesos salen una serie de ‘expertos’ y dicen ‘hay que hacer esto, hay que hacer lo otro’. Pero no existe, y es penoso, una auténtica conciencia; o sea, no se ha desarrollado en la población y en algunos líderes de opinión la importancia que tiene para el mantenimiento del sistema constitucional someternos a las reglas de la Constitución y respetarlas, así no nos guste.

Es que eso también responde a un cáncer que hay en la sociedad. Está infestando el cuerpo social del Perú; ese cáncer es el pensamiento caviar. Este se caracteriza por un relativismo; es decir, esta gente, en lugar de tener claros sus principios y sus valores, las instituciones, los derechos y todo lo que debe componer el sistema constitucional, practica una fórmula relativista que trata a cada concepto como si fuera un chicle o una goma de mascar. Acomodan las cosas a su antojo y sobre todo a su conveniencia en la línea de permanecer en el poder. La mayoría de los peruanos no compartimos ese pensamiento caviar, así que hay que salirles al frente con serenidad y seguridad.