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Aprueban informe que recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra
La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final de la investigación de los hechos irregulares ligados a la pandemia de la COVID-19 transcurridos durante el mandato del expresidente, Martín Vizcarra. Con 13 votos a favor y una abstención, el grupo de trabajo recomendó acusar constitucionalmente al exmandatario por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
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La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final de la investigación de los hechos irregulares ligados a la pandemia de la COVID-19 transcurridos durante el mandato del expresidente, Martín Vizcarra. Con 13 votos a favor y una abstención, el grupo de trabajo recomendó acusar constitucionalmente al exmandatario por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Dentro de la acusación también se ha incluido a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y a la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. Ambas acusadas por el mismo caso en la modalidad de colusión en agravio del Estado.
“Hoy se dio un paso más para hacer justicia por las más de 150 mil familias enlutadas por las nefastas decisiones del vacado Martín Vizcarra en su gobierno durante la pandemia de la COVID-19", indicó el presidente de la comisión, Héctor Ventura, en Twitter.
El informe, que será elevado al Pleno del Congreso, sostiene que Vizcarra Cornejo y las exministras citadas se reunieron con empresas del sector salud para concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus. Omitiendo lo establecido en las normas legales de salud vigentes que amparaban técnicamente a la prueba molecular como única prueba de diagnóstico para detectar la COVID-19.
También se recomendó acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.
El presidente de la comisión señaló que el informe final será remitido al Ministerio Público para que continúe la investigación y emita denuncia penal.
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