La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá responder ante la Comisión de Justicia del Parlamento por la resolución que desactiva las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos que funcionaban en el distrito fiscal de Ayacucho y en Pichari.
Su titular Roberto Burneo explicó los detalles de la iniciativa que busca frenar la llegada al poder de partidos que no cumplen la ley.
La resolución —que fue publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano— señala que dichas fiscalías serán "convertidas, con todo su personal fiscal y administrativo, para fortalecer la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho", a donde se trasladará toda su carga procesal.
La medida, que —indica— se ampara en una recomendación de la Oficina Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, dispone también que los fiscales que venían trabajando en dichas instancias sean trasladados a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito fiscal de Ayacucho para atender la "sobrecarga procesal y falta de atención oportuna" que tiene actualmente dicha instancia.
La norma, que lleva la firma de la titular del Ministerio Público, arguye que de los 2,281 casos de la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, solo se han resuelto 593 y 1,688 están en trámite, lo que representa un promedio de 134 casos por fiscal. En contraste, dice, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Terrorismo "no representan una carga procesal elevada".
Espinoza al Congreso
Debido a esta situación, el congresista Alejandro Muñante ofició al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita, para cite a la fiscal Delia Espinoza "para que explique los motivos de dicha decisión pues la misma podría debilitar la lucha contra los remanentes terroristas en dicha zona de emergencia".
"Esa gente especializada que durante todo este tiempo ha contribuido en la lucha contra los remanentes terroristas allí, junto con la Policía y las Fuerzas Armadas, va a pasar ahora a ser parte de una Fiscalía Anticorrupción, es decir, a ver cosas que nunca han visto", cuestionó Muñante, quien, en declaraciones a Perú21, criticó que se pretenda trasladar la carga procesal de las fiscalías encargadas de delitos de terrorismo a una fiscalía de derechos humanos e Interculturalidad, "cuyo personal no tiene ninguna experiencia".
Ayacucho fue la región más golpeada por el terrorismo iniciado por Sendero Luminoso. (Foto: Agencia Andina)"Siendo esta una zona bastante compleja, conflictiva, donde todavía existen remanentes terroristas, ¿cómo vas a desactivar una fiscalía especializada para darle esa función a otra que jamás ha visto temas de terrorismo? Además, las fiscalías de interculturalidad, por su propia formación, tienen ciertos reparos con los militares porque fueron creadas justamente para aplicar estándares internacionales de derechos humanos y usted sabe que a nivel internacional se han perdido prácticamente todos los juicios y sancionado a los militares", manifestó.
Muñante indicó que esta situación es preocupante, y agregó que Espinoza deberá sustentar el fundamento de esta decisión ya sea ante la Comisión de Justicia o, eventualmente, ante el Pleno del Legislativo. Refirió que espera que luego de ello Espinoza replantee su postura.
"Todavía hay terrorismo"
Sobre el tema también se pronunció el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) teniente general PNP (r) José Baella, quien advirtió que la medida responde a un escenario en el que ya no existe el terrorismo y eso, recalcó, no es cierto.
"Es preocupante lo que está haciendo la fiscalía. Todavía tenemos muchos casos de terrorismo en el Perú, tenemos gente que todavía no es capturada, es el caso del 'camarada José' y muchos otros que están ahí dentro del país. Entonces, desactivar estas fiscalías no tiene sentido. Creo que más que nada esto es una situación ideológica porque la interculturalidad y derechos humanos lo que hacen es perseguir a los policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas que de una u otra manera hemos luchado contra el terrorismo".
Añadió que las Fiscalías para Delitos de Terrorismo todavía tienen carpetas fiscales pendientes, entre ellas la del congresista Guillermo Bermejo que ahora serán asumidas por fiscalías especializadas en derechos humanos "que no tienen la especialidad en la lucha contra el terrorismo".
"La fiscalía tiene que analizar bien qué es lo que está haciendo, porque estamos dándole facilidades a muchas personas que están comprometidas todavía en el delito de terrorismo. Yo creo que la especialidad es lo que prima para poder resolver esta cantidad de casos", subrayó.
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