Debido a su implicancia en el emblemático 'Caso Chibolín' y al riesgo de entorpecimiento de la investigación (fuga), el Poder Judicial (PJ) decidió dictar el impedimento de salida del país contra la fiscal Elizabeth Peralta.
En respuesta a lo solicitado por los representantes del Ministerio Público, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, decidió conceder el pedido de 18 meses contra la implicada.
Además, esta medida que busca resguardar las garantías del debido proceso, también alcanza al empresario Javier Miu Lei, quien también es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias con Andrés Hurtado.
La resolución judicial establece que la magistrada vive sola, alquila propiedades y realiza numerosos viajes; mientras que el empresario presenta inconsistencias en sus direcciones y carece de dependencia familiar.
El fallo indica que los delitos imputados (tráfico de influencias y cohecho activo específico) tienen penas superiores a los tres años de prisión, lo que cumple con un requisito para imponer dicha medida coercitiva en su contra.
Asimismo, el documento destaca datos que sugieren que Peralta habría favorecido a Miu Lei con la devolución de oro incautado y promovido una investigación contra la empresa Paltarumi S.A.C., su competencia comercial.
Con esto, tanto la suspendida fiscal como el empresario no podrán cruzar ninguna frontera del Perú hasta abril del 2025, cuando venza el impedimento; en ese momento, tal y como sucedió con Iván Siucho, podrán salir.
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