Fiscal Rocío Sánchez: "Decisiones políticas no dificultan las labores del Ministerio Público"

A la fiscal Rocío Sánchez no le sorprende el blindaje que consumó el Congreso en favor del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esa decisión no detendrá sus investigaciones a Los Cuellos Blancos del Puerto.

¿Qué opina sobre la decisión del Congreso de salvar a Pedro Chávarry?
El plan original de la organización era mantener a un fiscal de la Nación a la medida de sus intereses, y eso ha quedado corroborado con la actuación del Congreso. El fujimorismo y el Apra, que aportunamente hizo un cambio de voto a último momento, han mostrado que aparentemente hubo un acuerdo pactado. Esos representantes están cumpliendo con los fines de la organización.

Habla de actores políticos afines a la organización, ¿ellos también forman parte de su investigación?
Los Cuellos Blancos del Puerto tienen la finalidad de nombrar a jueces y fiscales afines a la corrupción, pero como se ha mostrado en el caso del exjuez César Hinostroza, que pretendía ser presidente del Poder Judicial, también se buscaba apoyo político. En esas circunstancias sabemos que la lideresa de Fuerza Popular (Keiko Fujimori) está siendo investigada por lavado de activos y que su recurso de casación estaba en la sala de Hinostroza. Con esto, entendemos por qué el exjuez buscaba a Antonio Camayo para reunirse con "la señora K". Ahora, no estando en funciones César Hinostroza, entiendo que buscan tener al fiscal que podría asumir en cualquier momento esta investigación.

¿Se refiere a que la organización criminal intenta mantenerse operando?
Así es. Lo que pretende la organización es mantenerse en el poder, continuar con el blindaje de la corrupción al más alto nivel. No es casualidad que tres investigaciones independientes, y con periodos de avances distintos, terminemos en el mismo puerto, encontrado a las mismas personas vinculadas a la corrupción.

En conclusión, para mantenerse en el poder, ¿Los Cuellos Blancos necesitan de actores judiciales y políticos?
Nosotros investigamos a la organización criminal desde el sistema de justicia; jueces, fiscales y funcionarios que buscaron tener poder sobre las decisiones del sistema de justicia para favorecer a empresarios, amigos y políticos.

¿Favorecían a estas personas con qué fin?
Cuando una organización criminal realiza actos de corrupción lo hace por hechos concretos: favores mutuos, pagos de coimas y acuerdos para nombramientos.

Los congresistas dicen que no se ha demostrado la existencia de una organización criminal y usan como argumento la decisión de la justicia española para aprobar la extradición de César Hinostroza excluyendo ese delito.
Pero los jueces españoles no han señalado que no exista una organización criminal, han dado cuenta que se ha planteado una organización sin miembros. Ellos no analizan si hay o no una red criminal, solo se han pronunciado sobre el requerimiento de extradición de Hinostroza. Los jueces son claros al señalar que los hechos atribuidos al exjuez, tal y como han sido presentados, no entran en la tipificación de sus normas. De esto son responsables los congresistas, que no permitieron que sean incluidos los exconsejeros en la investigación.

En concreto, ¿lo decidido por el Congreso impide que sigan investigando por organización criminal a Chávarry?
Hay que decirle a la ciudadanía que las decisiones políticas no dificultan las labores del Ministerio Público. Lo que ha generado el acuerdo del Congreso fue otorgarle un plazo de gracia a los investigados pero recordemos que lo que se ha visto fue una acumulación de denuncias, aún falta evaluar las acusaciones presentadas por el fiscal supremo Pablo Sánchez y por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Y nosotros tenemos la facultad para presentar nuestra acusación con mayores elementos que sustenta la organización criminal.

¿Ustedes presentarán nuevos elementos contra Chávarry y Los Cuellos Blancos?
Sí. El primer informe que presentamos, a través de la fiscal Sandra Castro, mostraba los indicios que en ese momento existían sobre los integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero nosotros hemos continuado investigando y de ese trabajo ha surgido más información sobre los aforados (fiscales y jueces supremos). Ya contamos con elementos de corroboración y se eleverá el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación.

Entonces, ¿tiene más evidencias y testimonios que corroboran el despliegue la organización criminal?
Así es. Hay elementos de convicción y de corroboración que muestran cuáles han sido los actos concretos de la red criminal. Tenemos las evidencias.

Fiscales como José Domingo Pérez y Juan Carrasco han señalado que el presidente Vizcarra debe presentar una cuestión de confianza. ¿usted opina en el mismo sentido?
Claro, no hay otra solución ante estas acciones por no reconocer cuáles son los intereses de la sociedad. Se planteó una lucha frontal contra la corrupción, el gobierno ha planteado un grupo de medidas para reformas y el Parlamento no ha respondido a los intereses de la nación. La gente desde las calles cuestiona al Congreso, un poder así de deslegitimado no tendría sentido. El Poder Ejecutivo tiene una herramienta constitucional para corregir y enderezar los rieles de nuestro país.

Aunque una cuestión de confianza se presenta en casos extremos. ¿Usted cree que nos encontramos en ese escenario?
Por supuesto. No se está cumpliendo con el fin constitucional de lucha contra la corrupción. La cuestión de confianza es la salida constitucional.

¿Coinciden en este caso los intereses del Ejecutivo con el de la Fiscalía?
El gobierno, valga la redundancia, no puede gobernar porque el Congreso no le otorga la confianza, porque no le permite desarrollar este proyecto de lucha contra la corrupción y de reformas políticas. Es en este sentido que debe interpretarse la cuestión de confianza en este caso.

¿Cuán importante es para usted que se instale la Junta Nacional de Justicia? Hemos visto que solo tres candidatos han pasado la primera fase.
La Junta tomará la posta de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a jueces y fiscales. Pero esta vez lo que se busca es que sus integrantes sean personas probas e idóneas. El resultado del examen responde a esta malacostumbrada forma que tenemos los peruanos para tomar evaluaciones sobre perfiles éticos. No es lo mismo un examen de conocimiento que uno de producción y de desarrollo profesional.

¿Qué es lo que se debe evaluar en los candidatos?
Hay que evaluar al postulante por su trayectoria y no a partir de una hipótesis de lo que hará. Hay muchos magistrados, exmagistrados, investigadores que siempre han estado adelantados al desarrollo del derecho en el país y no están presentes. A ellos se les necesita, gente con experiencia, ética y que dé confianza de un trabajo justo.