Fiscalía estima pena de 18 años para el congresista Humberto Acuña por caso Olmos

El fiscal José Domingo Pérez estima una pena de 18 años y seis meses para el flamante congresista Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) por su participación como gobenador regional de Lambayeque en la presunta concesión irregular del proyecto Olmos a la empresa Odebrecht.

Según el requerimiento de impedimento de salida del país al que tuvo acceso Perú21, el hermano de César Acuña habría perpetrado los delitos de cohecho pasivo propio y colusión agravada cuando fue gobernador entre 2010 y 2013.

En los hechos investigados contra Acuña, la Fiscalía toma en cuenta un informe remitido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo sobre “presuntos hechos de carácter delictivo” hallados en declaraciones de Willy Serrato Puse, exalcalde de Olmos, contra Humberto Acuña. En el referido testimonio, la Fiscalía habría hallado hechos “vinculados con la presunta recepción de beneficio económico indebido de parte de funcionarios de la Concesionaria Trasvase Olmos (empresa vinculada a Odebrecht) a fin de beneficiarse con pagos de sobrecostos en la referida concesión”.

En la citada declaración del 27 de diciembre de 2018, Serrato relata que en 2013 hubo un “conflicto” entre el PEOT (Proyecto Especial Olmos Tinajones) y Odebrecht. Y debido a que este proyecto dependía del gobierno regional de Lambayeque fueron convocados a Lima para reunirse con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Odebrecht reclamaba un pago de 80 millones de soles, se discutía técnicamente. En ese momento (en las reuniones) Raymundo Serra (gerente adjunto de Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en Perú) quería conversar con Acuña”, relata Serra. La cita se concretó en el Swisshotel de San isidro a través de la mediación de Serrato.

“Humberto Acuña sale con una cajita más o menos del tamaño de un libro y le pregunté qué es y me dijo que era un regalo que le había hecho el amigo, refiriéndose a Serra. Y yo presumo que haya sido dinero porque el día de los hechos, Acuña se oponía al pago de los S/80 millones pero después que recibió ese regalo, al día siguiente que continuó la reunión, ya cambió de parecer. Humberto Acuña ya estaba de acuerdo que se pague el dinero a Odebrecht", expresó.

Para el fiscal Pérez, Humberto Acuña "defraudó sus deberes funcionales al reunirse con los interesados (del conflicto) y pactar condiciones muy favorables a la empresa concesionaria (Odebrecht), presuntamente a cambio de la entrega de una dádiva; luego de lo cual cambió su posición inicial de defensa de los intereses del gobierno regional de Lambayeque para variar su postura a más conciliadora y lindante con los intereses económicos de la concesionaria”.

A este hecho, luego se suma que suscribió una adenda al contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase Olmos “que incorporó las modificaciones pertinentes al contrato original para favorecer los intereses y pretensiones de la concesionaria. Con lo que se consumó un perjuicio patrimonial defraudatorio al gobierno regional de Lambayeque".

Además, la Fiscalía considera que producto de estas reuniones y de la transacción extrajudicial, se ocasionó una remuneración de la inversión de Olmos a favor de Odebrecht por US$31'832,000.

Asimismo, se registró un perjuicio económico al gobierno regional de Lambayeque por US$1'802,000. Y la suma de todos estos montos ocasionaron una prórroga de la vigencia del plazo de la concesión por un total de 9.38 años adicionales.

Por otro lado, la Fiscalía también advierte que el gobierno regional asumió los pagos indebidos de un “experto”, pese a que no le correspondía pues estos debían ser pagados “proporcionalmente entre el concedente y la concesionaria”

En su análisis, Pérez concluyó que Acuña no tiene arraigo familiar ni tampoco laboral, ni tampoco domiciliario.

En el caso del arraigo domiciliario, el equipo Lava Jato halló que el congresista ha registrado cuatro direcciones:

A raíz de la diversidad de inmuebles, la Fiscalía acudió al domicilio que tiene inscrito en Reniec (en la urbanización La Purísima, en Chiclayo), en donde solo hallaron a la hija del investigado, quien indicó que su padre no vivía ahí pero siempre le llegaban todas las notificaciones en este inmueble. Este hecho, para la Fiscalía, no le genera convicción de que tenga arraigo domiciliario por lo que implica “cierto riesgo de fuga”.

Asimismo, la Fiscalía considera que por su reporte de Migraciones, tiene continuas entradas y salidas al extranjero desde el 2006. Así, por ejemplo en 2007 registra viajes a Grecia, Holanda y Argentina. En 2008 a México y Argentina. En 2017 a México, Holanda y Brasil. Y en 2019, España y Costa Rica.

“De lo expuesto se evidencia que tiene facilidad y poder económico para salir a cualquier parte del mundo a fin de evitar la persecusión del delito y enfrentar el proceso”, precisa el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez.

En el análisis del arraigo laboral, el equipo Lava Jato considera que Acuña trabaja en la Universidad César Vallejo (UCV) desde enero de 2019. Y desde agosto de 2019, es director ejecutivo de la UCV en Chiclayo, obteniendo una remuneración de S/27 mil.

“El cargo que ostenta no está sujeto a horario fijo y esto aunado a que es uno de los dueños de dicha universidad, no le genera una obligación de permanecer en su centro laboral”.

Respecto al arraigo familiar, la Fiscalía considera que tampoco lo tiene. Ello debido que “no vive con sus hijos y su esposa en el domicilio que consigna en Reniec”. También se toma en cuenta que al acudir a un inmueble donde sí se hallaba una de sus hijas, esta precisó que vivía con ahí con su madre y sus hermanos.

El equipo Lava Jato señala también que Humberto Acuña ha acudido a todas las citaciones

Ante estos elementos, la Fiscalía considera que Humberto Acuña tiene “un alto peligro de que pueda optar por la fuga ante una probable sentencia condenatoria”.

Ante estos elementos, la Fiscalía requiere el impedimento de salida del país de Humberto Acuña por todo el periodo que dure el proceso. Y precisa: "esta medida puede ser variada a prisión preventiva o comparecencia simple en mérito a nuevos elementos de convicción que fortalezca o desvanezca su peligro de fuga y/o obstaculización procesal.

Además, pide una caución de S/500 mil y entre las medidas de restricción se incluye no comunicarse con imputados ni testigos del caso, no ausentarse de la localidad de su residencia. registrarse biométricamente en la sede designada por el Juzgado de Investigación preparatoria, pesentarse cada mes ante la autoridad fiscal y judicial.

Este diario intentó comunicarse con Acuña, pero el hoy legislador tenía el celular apagado. A través de prensa del partido de APP indicaron que “el ingeniero (Humberto Acuña) no está disponible”.