Fiscalía pide 10 años de prisión para Ollanta Humala

Fecha Actualización

13/10/2023 - 07:00

Ayer el Ministerio Público formalizó la denuncia en contra del expresidente Ollanta Humala por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. Así pues, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 10 años y cuatro meses de prisión contra el exmandatario y Víctor Gómez Rodríguez, exdirector de la DINI.

Humala Tasso —según la acusación fiscal— habría intercedido para que Gómez Rodríguez concierte con el representante de la empresa israelí Verint Systems Ltd. la compra de un equipo de interceptación telefónica legal, valorizado en $21'600,000. Sin embargo, poco tiempo después de la adquisición, el equipo —sostuvo el humalismo— fue donado al Ministerio del Interior para uso de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

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Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior cuando la compra del equipo fue realizada, dijo a Perú21 que “no podía conversar” del tema cuando lo llamamos ayer. En su momento, Pedraza defendió la adquisición y aseguró que se había capacitado a 120 policías para usar el equipo. Pero esto, al parecer, nunca ocurrió. El equipo nunca fue usado por la PNP.

NI RASTRO

En conversación con Perú21, José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) dijo que actualmente la Policía emplea otro dispositivo con menor capacidad de interceptación.

“No sé quién estará usando el equipo, pero en la Policía, tengo conocimiento, no está ese equipo”, sostuvo Baella.

“No sabría decirle si se compró o no se compró, si en realidad vino ese equipo, o si se utilizó (...) Cuando se habla de inteligencia, se mueve todo el gallinero”, agregó.

Baella, quien estuvo al mando de la Dircote hasta 2018, señaló que nunca vio el equipo en la PNP.

TENGA EN CUENTA

- La compra del equipo fue realizada como parte del Proyecto Pisco, un plan de rastreo de comunicaciones que nunca fue puesto en marcha.

- La Comisión de Inteligencia del Congreso detectó en 2015 que no hubo ningún requerimiento de adquisición por parte de la DINI.

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