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Gobierno instala comisión multisectorial para atender a deudos de las protestas

El Gobierno de Dina Boluarte instaló hoy la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, así como para las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022.

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El Gobierno de Dina Boluarte instaló hoy la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, así como para las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022.
El ministro de Justicia, José Tello, quien preside el grupo de trabajo, brindó un discurso en el que enfatizó que el principal objetivo será dar este soporte a las víctimas y deudos de los 28 fallecidos durante la ola de violencia en distintas regiones del país.
“Buscamos tener, como Estado, la bandera de la solidaridad. Vamos a ayudar a las personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos en múltiples aspectos”, apuntó Tello.
La comisión multisectorial también estará conformada por un representante de la PCM y de los ministerios de Salud, Educación, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Seguro Integral de Salud y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Además, contará con la participación de dos representantes de las familias de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones de gravedad, acreditados para ejercer la representación.
De acuerdo a la Resolución Suprema Nº 264-2022-JUS, bajo la cual se crea este grupo de trabajo, su función consiste en realizar seguimiento a las acciones y medidas referidas a la atención en materia de salud física y mental, acompañamiento y apoyo social para los deudos.
El funcionamiento de la Comisión Multisectorial se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La comisión multisectorial tiene una vigencia de 90 días calendario, contados a partir de su instalación, y prorrogables por 30 días más. Al cumplimiento de dicho plazo, la Comisión presenta el informe final al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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