A fin de año se conocerá la sentencia a Gregorio Santos

Han pasado casi tres años desde que inició el juicio oral contra Gregorio Santos —el 12 de diciembre de 2016— por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de 13 proyectos públicos cuando se desempeñaba como gobernador de Cajamarca (2011-2014). En las próximas semanas, este largo proceso judicial llegará finalmente a los alegatos de clausura, la etapa previa a la lectura de la sentencia.

La abogada de Santos, Cynthia Cornejo, estima que entre finales de noviembre e inicios de diciembre se conocerá si el Primer Juzgado Penal Colegiado, a cargo de este juicio, resolverá a favor de una condena —la Fiscalía solicita 24 años de prisión efectiva para el exgobernador— o de una absolución.

“En los próximos días el colegiado va a programar las sesiones para los alegatos de clausura, ello significa que el juicio ya está llegando a su etapa final. Calculo que los alegatos culminarán a fines de noviembre. Luego, los jueces dan un adelanto del fallo en el que principalmente dicen si lo condenan o lo absuelven y después de ocho días se programa una audiencia para la lectura integra de la sentencia”, dijo Cornejo a Perú21.

A pesar de que tuvo un rápido primer sentenciado, este juicio se entrampó en problemas logísticos y procesales que lo alejaron de un final célere.

Tal y como reconoció el propio presidente del juzgado a cargo del juicio (en una audiencia que este diario reportó) parte de la lentitud del proceso se debió a que el actual Código Procesal Penal ha perdido eficacia para dar celeridad a casos tan complejos como este que tiene más de 40 coimputados y una enorme cantidad de pruebas que no fueron depuradas en las fases previas al juicio.

“Siempre nos han criticado (por la demora), pero les pediría (a la prensa) que canalicen este pedido: nuestro Código (Procesal Penal) debería ser modificado porque no sirve para casos de esta envergadura”, dijo el magistrado Guillermo Huamán en ese momento.

El fiscal anticorrupción Walther Delgado acusa a Santos de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión. Según la acusación fiscal, durante su gestión en Cajarmarca, el exgobernador habría liderado una presunta organización criminal dentro de la unidad ejecutora Proregión con el objetivo de manipular licitaciones en beneficio de los empresario Wilson Vallejos y, a través de otro mecanismo, beneficiar en un proceso de selección al empresario Luis Pasapera. A cambio, se habrían recibido sobornos por un total de S/1’2000,000.

“La posición de la defensa en cada una de las pruebas ha sido oponerse a las tesis de la Fiscalía. ¿Cómo va a terminar el caso? No te lo podría decir porque eso lo dirán los jueces. Acá están imputando a Santos por doce procesos de selección en la institución denominada Proregión y otro proceso de selección que viene del gobierno regional en sí”, señaló la abogada Cornejo.

Durante este proceso judicial, los empresarios Vallejos y Pasapera decidieron acogerse a la colaboración eficaz y la estrategia de la defensa de Santos fue tratar de desacreditar sus versiones, como la letrada reconoce.

“Este caso se ha construido, principalmente, en declaraciones de colaboradores eficaces. Durante las audiencias del juicio, hemos hecho los contrainterrogatorios para desacreditar la versión que ellos dan y las pruebas", indicó.

Además de la declaración de los colaboradores, la Fiscalía ha presentado testigos, documentos, vouchers, intercambios telefónicos y peritajes para sustentar su acusación. Durante las audiencias, el Ministerio Público se ha mostrado seguro de tener un caso sólido que derivará en condena.