Con el respaldo de apenas 36 parlamentarios y casi al cierre de la sesión plenaria, el Congreso aprobó el último jueves, en primera votación, un dictamen de la Comisión de Justicia que pone en riesgo la libertad de expresión e información y se constituye en un instrumento de amedrentamiento contra la prensa. La norma en cuestión modifica dos artículos del Código Penal a fin de reprimir con pena privativa de la libertad de hasta 5 años a quienes difundan una noticia que “pueda perjudicar la intimidad personal”.
La votación se realizará el viernes 21, anunció la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez.
Bajo esa premisa, la iniciativa —que recoge proyectos de ley de Perú Libre y de la no agrupada Katy Ugarte (ex Perú Libre también)— pretende, en la práctica, intimidar a los periodistas y medios de comunicación que, a lo largo del tiempo, han puesto al descubierto graves hechos de corrupción que involucran a autoridades del Poder Ejecutivo, Congreso y gobiernos locales y regionales. Con ese fin propone también imponer “a quien atribuya falsamente a otro un delito”, el pago de una reparación civil, a favor del querellante, y se le reprime con 120 a 365 días multa.
El dictamen, que está pendiente de segunda votación, tiene el respaldo de integrantes de ocho bancadas que tienen en sus filas a congresistas denunciados precisamente por la prensa como ‘mochasueldos’ —es el caso de Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial y Podemos Perú, aunque en este último, además, hay investigados por apología al terrorismo como Guido Bellido—. También figuran Perú Libre con su líder Vladimir Cerrón prófugo desde hace 527 días; Acción Popular con ‘Los Niños’, grupo afín al golpista Pedro Castillo, y Somos Perú con José Jerí investigado por presunto delito de violación sexual. A ellas se suman Avanza País y Bloque Democrático Popular.
En la votación se pronunciaron en contra de la norma 23 congresistas: 8 de Renovación Popular, 7 de Juntos por el Perú, 4 de Bancada Socialista, 2 del Bloque Magisterial e Idelso García de APP. Otros 21 se abstuvieron, entre ellos 13 de Fuerza Popular.
ÁNIMO REVANCHISTA
En declaraciones a Perú21, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, advirtió que “hay un ánimo revanchista del Congreso” al dar esta suerte de nueva ‘ley mordaza’. “Lo que se busca en el fondo es asustar a los periodistas para que se preocupen a la hora de investigar a ciertos personajes que podrían entablar una demanda. ¿Y por qué lo digo? Porque se amplía la pena privativa de libertad para quien supuestamente difame”, indicó.
Cuestionó también que se pretenda mezclar la figura jurídica de difamación con la intimidad personal. “Preocupa el nivel de ignorancia con que se ha redactado el proyecto. La difamación se da cuando se dice algo falso sobre alguien, la intimidad no está asociada en absoluto a la afectación al honor. Es una mezcla de situaciones que hace más peligroso el trabajo, porque si mañana le toco la puerta a un ministro para entrevistarlo o recibo un chat de un ministro o congresista, puedo ser denunciado por difamación por violar su intimidad; eso es peligroso porque se abre un espectro muy amplio de arbitrariedades”, acotó.
En esa línea, el director ejecutivo del CPP dijo que espera que los congresistas que no han apoyado la propuesta finalmente inclinen la balanza y envíen el dictamen al archivo. Ocurrió en 2023 cuando —recordó— se rechazó en segunda votación otra iniciativa para aumentar las penas de cárcel y montos de reparación civil por daños al honor causados por medios de comunicación. “Esperaríamos que suceda algo similar porque uno puede perseguir a un periodista, anularlo, pero quien se perjudica al final es el ciudadano porque la información no le llega, y en una democracia —quiero creer que aún estamos en una— eso es muy grave”, subrayó.
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