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Investigan contratos irregulares por más de S/1 millón en el CNM [Informe]
Funcionarios habrían recibido “falsos encargos” para justificar asignación de presupuesto durante gestión de Guido Aguila.
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El pasado martes, representantes de la Contraloría intervinieron el local del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en San Isidro, para incautar documentos que demostrarían los malos manejos que hubo en la entidad que designa y destituye a jueces y fiscales.
En medio de ese operativo, y casi pasando desapercibido, se encontraba el fiscal Reynaldo Abia, quien acudió para recabar información sobre un caso diferente al de la presunta red de tráfico de influencias que existió al más alto nivel del sistema judicial y que fue destapado por los audios.
Abia investiga aparentes contrataciones irregulares de personas y empresas por S/1’261,228 que se registraron entre febrero de 2017 y los primeros días de marzo del presente año, lapso de tiempo que duró la gestión del removido ex presidente del CNM, Guido Aguila.
La denuncia fue interpuesta –antes de ser destituido por el Congreso– por el ex consejero Baltazar Morales. Según Morales, el responsable de los contratos fue el ex director general y actual jefe de Comunicaciones del ente, Abel Santibáñez Collado.
De acuerdo a la carpeta fiscal 244-2018, a la que accedió Perú21, el CNM, bajo la gestión de Aguila, asignó presupuesto y dinero en efectivo “a los caprichos” de Santibáñez Collado, quien habría contratado, vía órdenes de servicio, a sus alumnos en la universidad en la que se desempeña como docente.
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Según la investigación, las ocho personas señaladas como estudiantes universitarios “actuaron como locadores o como servicios de terceros y, presuntamente, recibieron falsos encargos mediante órdenes que nunca realizaron”.
Se trata de Jordani Vidarte Rojas, Jherson García Danos, Led Mariños Meléndez, Francisco Montes Hurtado, Roberto Pérez Bravo, Alejandro Aponte Fachin, Luis Jaime Castro Mendiola y Midchel Meza Carrión.
Pero no solo fueron ellos. El Ministerio Público también tiene en la mira a seis compañías que habrían sido beneficiadas de la misma manera: Rauxden SAC, con contratos que, sumados, ascendieron a S/132,000 en ese periodo; Matfra SAC (S/122,000); Marka Responsable EIRL (S/15,850); Stato SAC (S/27,390); Faitcorp SAC (S/151,933); y Gestión Comunicativa Responsable SAC (S/307,830).
Pero no solo fueron ellos. El Ministerio Público también tiene en la mira a seis compañías que habrían sido beneficiadas de la misma manera: Rauxden SAC, con contratos que, sumados, ascendieron a S/132,000 en ese periodo; Matfra SAC (S/122,000); Marka Responsable EIRL (S/15,850); Stato SAC (S/27,390); Faitcorp SAC (S/151,933); y Gestión Comunicativa Responsable SAC (S/307,830).
Desde el CNM indicaron que Abel Santibáñez tenía una relación estrecha con Guido Aguila. Mientras el ex consejero fue presidente de la entidad, Santibáñez registró viajes al exterior acompañando al mismo Aguila. Los destinos fueron Francia, Ecuador y Brasil, como lo demuestran resoluciones publicadas en el diario El Peruano.
Pero esta denuncia también alcanza a Antonieta Urbina Mancilla, quien, como jefa del Área de Presupuesto e Inversiones del CNM, habría aprobado la irregular asignación de recursos.
A Urbina también se le autorizó viajar al exterior como servidora pública para un seminario que se realizó en Colombia, y que se desarrolló del 10 al 13 de octubre del año pasado. Esto fue aprobado por Aguila.
Este diario buscó contactarse con la funcionaria para conocer su versión, pero desde la misma institución indicaron que se encuentra de vacaciones.
Aceptó contrataciones
Perú21 se contactó con Abel Santibáñez, quien tras apuntar que lleva 13 años trabajando en el CNM, confirmó que avaló la contratación de alumnos suyos porque “eran de su confianza”.
No obstante, negó que los servicios no se hayan ejecutado como indica la denuncia. “Eso es falso, no hubo contrataciones fantasmas, las personas fueron contratadas para servicios específicos”, dijo.
Respecto a lo que el CNM desembolsó a las compañías, alegó que se justifica porque para ceremonias –como juramentación de jueces y fiscales– sostuvo que se necesitaba alquilar locales, equipos de sonido, y pagar por servicios de catering. En esa línea, aseguró que las empresas fueron contratadas tras concurso público.
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