El procedimiento disciplinario inmediato iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y que podría concluir en su destitución, es advertido como “una posible interferencia en la autonomía de los jueces” por organismos judiciales de América y la ONU.
En trámite. En manos de la Junta Nacional de Justicia queda la continuidad en sus puestos de la jueza Janet Tello y la fiscal Delia Espinoza. La primera ya afronta un proceso administrativo; la segunda fue denunciada ante esa instancia y espera saber si será investigada.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) y otras organizaciones judiciales han manifestado su preocupación por la independencia judicial en el Perú a propósito del proceso administrativo contra Tello y otros cuatro jueces supremos.
En una declaración pública, Copaju advirtió sobre “presión mediática y decisiones” que afectarían la institucionalidad y la colaboración entre los poderes del Estado peruano. Señaló que la medida contra Tello Gilardi representa una posible interferencia en la autonomía de los jueces, cuya labor es garantizar los derechos ciudadanos y la estabilidad democrática.
El organismo internacional recordó que la Constitución del Perú establece la separación de poderes y prohíbe interferencias en la función jurisdiccional. En esa línea, alertó que vulnerar esta separación debilita las instituciones y permite la extralimitación de competencias.
OTRAS ORGANZACIONES TAMBIÉN SE PRONUNCIAN
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) también expresaron su preocupación por la afectación al debido proceso en el procedimiento disciplinario contra la jueza suprema. Argumentaron que el cargo atribuido no constituye una infracción disciplinaria grave que justifique una destitución.
“La apertura de dicho procedimiento disciplinario afecta el principio del debido proceso -garantía reconocida por la Constitución Política-, toda vez que el cargo atribuido no constituye infracción disciplinaria ni tampoco una flagrante falta disciplinaria “muy grave”, que pueda ser susceptible de destitución”, advirtieron.
Asimismo, sostuvieron que la decisión de la JNJ podría contravenir principios constitucionales como la supremacía legal, la razonabilidad y la tipicidad. Por ello, exhortaron al respeto de la independencia judicial y advirtieron que sancionar a jueces por sus criterios jurisdiccionales supondría una injerencia prohibida por la Constitución.
La relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, solicitó al Gobierno y a la JNJ a garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar cualquier interferencia que socave el Estado de derecho.
En su pronunciamiento, advirtió sobre un “patrón más amplio de ataques a la independencia judicial en el Perú”, que incluiría reformas legales y acusaciones constitucionales contra jueces y autoridades electorales.
EN LA MIRA
La JNJ acogió la queja que interpuso, en 2024, el coronel PNP (r) Julio Cadenillas Díaz contra la jueza suprema y otros cuatro magistrados por rechazar su casación, con la que pretendía retornar a la actividad policial, invocando supuestamente una ley derogada.
Cadenillas fue pasado al retiro en febrero de 2014, junto a otros dos oficiales, por irregularidades en su rendición de cuentas de un viaje de trabajo que hizo a Arequipa en agosto de 2013.
Esto sucede mientras la Corte Suprema, que tutela Tello, está decidiendo sobre casos de corrupción que implican a congresistas y a la misma presidenta Dina Boluarte.
Y para acentuar las diferencias, a inicios de febrero, la jueza suprema dijo que la mandataria —cuya hermana René Boluarte es asesora en la JNJ— “debe estar mal asesorada” por sus permanentes críticas al sistema de justicia.
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