Josué Gutiérrez quiere ley a su medida para manejar a su antojo la Defensoría del Pueblo

La iniciativa —para la que, según fuentes legislativas, él mismo solicitó esta semana el apoyo del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, quien coincidentemente lo propuso como candidato a defensor, meses atrás—, plantea declarar en reorganización la Defensoría del Pueblo por un plazo de 120 días y modificar la ley orgánica de la entidad para que los defensores adjuntos sean designados por el titular de la institución y ya no mediante concurso público. También sugiere cambiar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a efectos de que el secretario técnico de la comisión especial encargada del concurso público de méritos para la elección de sus integrantes sea designado por el defensor y ya no por concurso público de méritos. Y como cereza del pastel, Gutiérrez pretende que su designación venza recién después de que el Parlamento elija a su sucesor, trámite que, a la luz de la experiencia, podría dilatarse incluso varios años.

La expresidenta del Consejo de Ministros Ana Jara alertó que el proyecto “socava la autonomía, imparcialidad y meritocracia de la Defensoría”, y advirtió que la designación a dedo de defensores adjuntos que plantea Gutiérrez “politizaría ese cargo”. También discrepó con el nombramiento sin concurso del secretario técnico de la comisión especial de la JNJ “porque —dijo— generaría suspicacia respecto de un pretendido favorecimiento o filtración de información que puedan tener los postulantes”. “Tiene que ser una persona designada por mérito propio, por un concurso que tenga un orden de prelación y que, además, sea objeto del escrutinio público porque para eso se pasan etapas de calificación; este proyecto trae abajo de un plumazo la meritocracia y eso es inconcebible viniendo de un organismo autónomo”, prosiguió.

La expremier cuestionó el accionar de Gutiérrez y señaló que su propuesta para continuar en el cargo en tanto el Parlamento no elija a su sucesor tiene nombre propio porque se sabe que la elección de este tipo de funcionarios requiere un consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Él pretende que nadie le obligue a renunciar en tanto no haya jurado al cargo otro Defensor del pueblo. Me parece un proyecto temerario y totalmente desatinado que atenta contra la institucionalidad, la meritocracia y la imparcialidad que una institución de rango constitucional merece”, insistió.

En declaraciones a Perú21, Jara, además, cuestionó que se plantee reorganizar la Defensoría sin justificación. “¿Cuál es el escandalete que obligaría a reorganizar? ¿Se le han restado competencias? No existe fundamento. Yo exhorto a los partidos políticos que tienen bancada en el Congreso a no respaldar este proyecto que va desde legitimar a la Defensoría y que tiene nombre propio”, concluyó.