Juan José Santiváñez, el ministro del Interior, ha insistido en su compromiso de colaboración con la justicia, asegurando que está dispuesto a someterse a cualquier investigación en su contra. Sin embargo, documentos de la Fiscalía de la Nación revelan un comportamiento que parece contradecir sus palabras.
Según el expediente fiscal número 203-2024, al cual tuvo acceso Punto Final, Santiváñez ha reprogramado al menos cuatro veces su firma para autorizar el levantamiento de sus comunicaciones, prolongando así la indagación por abuso de poder en su contra.
El primer intento de obtener la firma de Santiváñez para autorizar el levantamiento de sus comunicaciones ocurrió el 29 de agosto. Sin embargo, según explicó su abogada, Virginia del Pilar Naval, Santiváñez se encontraba en una reunión de trabajo en la región de Ucayali y solicitó una reprogramación:
“Siendo ello así y en el ejercicio del derecho de defensa que le asiste a mi patrocinado, solicito a vuestro despacho que se sirva reprogramar la referida diligencia señalando nueva fecha y hora para su realización”.
El 11 de septiembre, el ministro volvió a ser citado, pero una vez más faltó a la diligencia, esta vez por asistir a una sesión del Consejo de Ministros.
Desde entonces, la fiscalía intentó obtener su firma en dos ocasiones adicionales, el 2 de octubre y el 4 de noviembre, sin éxito, ya que en ambas el ministro presentó escritos solicitando una reprogramación por motivos de trabajo, incluyendo su participación en una sesión de interpelación ante el Congreso.
La respuesta de la Fiscalía ante estas constantes ausencias fue contundente. En un documento presentado el 7 de noviembre, el organismo dejó constancia de las reiteradas reprogramaciones solicitadas por el abogado del ministro, señalando que, en esta última, Santiváñez se encontraba fuera de Lima.
Ahora, la Fiscalía ha tomado la medida inusual de acercarse al propio ministro para recoger su firma. “Sírvanse señalar fecha y hora a efectos de que personal fiscal se constituya al domicilio o despacho ministerial para recabar la firma del investigado en el acta que corresponda”.
Como se recuerda, la investigación se originó a partir de la filtración de audios entregados a la fiscalía por el capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como "Culebra".
En estos audios, se alude a una conversación donde presuntamente se discute la protección del prófugo Vladimir Cerrón, lo que provocó que la Fiscalía abriera una investigación preliminar no solo contra el ministro, sino también contra la presidenta Dina Boluarte por posible encubrimiento.
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