¿Lo van dejando solo? En la audiencia de esta mañana donde se iba a decidir la prescripción del caso Antalsis, los abogados de Vladimir Cerrón —prófugo de la justicia— no estuvieron presentes, situación que generó la incomodidad del juez a cargo de la causa y echó a perder las pretensiones del dueño del lápiz.
El magistrado Leodan Cristóbal del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria había programado hace cuatro semanas esta audiencia crucial para los intereses del prófugo: la prescripción del caso Antalsis en donde Cerrón habría integrado la red criminal del otrora operador nacionalista Martín Belaunde Lossio. En Antalsis, la Fiscalía investiga al perulibrista por los delitos de asociación ilícita y colusión agravada en perjuicio del Gobierno Regional de Junín al que se le defraudó con más de S/26’000,000 entre los años 2011 a 2014. Para Cerrón, este caso debe archivarse, pues, alega que el plazo para que sea procesado ya venció.
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Sin embargo, ninguno de los tres abogados que el prófugo tiene acreditados para este proceso presentó una justificación razonable para no participar de la audiencia. “La inasistencia del abogado Víctor Peralta es injustificada, se debió prever que tenía otra audiencia. Desde el 23 de agosto está notificado, además (Cerrón) tiene apersonados tres abogados. La inasistencia de ese abogado puede que se justifique, pero José Yumpo Agapito y Arturo Silva Rojas también están acreditados y pudieron participar. Las inasistencias se comunican con 24 horas de anticipación”, dijo el juez Cristóbal.
De inmediato, el magistrado rechazó el recurso de excepción de prescripción por el delito de asociación ilícita en el caso Antalsis.
CSM DECIDIRÁ
El lunes 30 de septiembre se realizará la evaluación de la casación en la Corte Suprema que busca anular los efectos de la sentencia por el caso La Oroya en donde Cerrón fue condenado después de comprobarse su participación en la entrega ilícita de obras de saneamiento en dicha localidad de Junín.
El dueño del lápiz tiene una inhabilitación vigente para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado por este caso. Para la defensa de Cerrón, la inhabilitación por un año ya concluyó. Sin embargo, para la Procuraduría, esta medida debe seguir vigente, pues, la sentencia aún está en apelación.
Este debate entre otro abogado de Cerrón, Luis Mayhua, y la Procuraduría Anticorrupción será resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el magistrado César San Martín.
