La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dará a conocer si admite la recusación que presentó la exprimera ministra, Betssy Chávez, en audiencia convocada para el jueves 22 de mayo a las 9 de la mañana.
El proceso contra el expresidente que dio un fallido golpe de Estado está cerca del final, pero la sala enfrenta un pedido dilatorio de recusación que apunta a apartar a todos los jueces.
Este recurso busca excluir a los jueces Norma Carbajal, José Neyra e Iván Flores del proceso en el que se juzga al expresidente, Pedro Castillo, al expremier Aníbal Torres y a Chávez Chino por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Betssy Chávez justificó su recusación señalando que los jueces de la sala no eran imparciales y además, sostuvo que la recusación debía ser evaluada por la Sala Penal Permanente y no por los mismos magistrados a los que se busca apartar del juicio porque eso los volvería "juez y parte".
Sin embargo, el representante de la Fiscalía sostuvo que la recusación planteada por la también excongresista debe ser rechazada de plano y consideró que los constantes pedidos de recusación presentados por los abogados de Chávez Chino son una maniobra dilatoria del proceso.
Como se recuerda, esta no es la primera vez que la expremier castillista busca apartar a los jueces de la Sala Penal Especial. El pasado 16 de mayo, ese mismo colegiado rechazó apartar a la vocal Norma Carbajal, a quien Chávez había acusado de parcialidad a favor del Ministerio Público. En respuesta, el abogado Raúl Noblecilla anunció que buscaría excluir a todos los integrantes de la sala del juicio contra Castillo y sus ministros.
SENTENCIA SE EMITIRÍA EN AGOSTO
El juicio contra Castillo Terrones está cerca de la recta final. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de evaluación de los tres elementos presentados por la Fiscalía: el video sin editar del mensaje golpista que precipitó la caída del profesor rural, el proyecto de decreto supremo que consumaría el quiebre del orden democrático en el país y una comunicación que evidenciaría que el exmandatario quiso fugar a México. Estas dos últimas pruebas están contenidas en una computadora que será sometida a una pericia.
El fin del juicio implicaría una sentencia a prisión efectiva e inhabilitación que impediría que Pedro Castillo pueda ejercer cargos públicos por tres años. Este último detalle es importante, ya que frustraría los planes del expresidente de postular al Senado en las elecciones generales del 2026.
LA VÍA PARLAMENTARIA
La sentencia judicial contra Castillo no es la única vía para su inhabilitación, pues el Congreso también tiene la facultad de impedirle volver al poder.
El pasado 9 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó la denuncia constitucional que busca inhabilitar por 10 años al expresidente por su fallido golpe de Estado.
La denuncia aprobada por este grupo de trabajo es producto de la acumulación de dos acusaciones presentadas en enero por Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).
Aunque según el Reglamento del Congreso la SAC debía calificar la denuncia en 10 días, la presidenta de la subcomisión María Acuña tardó más de tres meses en someterla a debate y votación. Ahora la Comisión Permanente deberá evaluar y votar el informe de calificación aprobado por la SAC.
El exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, explicó a Perú21 que si la Comisión Permanente aprueba la denuncia, dará 15 días a la SAC para que investigue el caso. Pero este tiempo empezará a correr cuando Acuña dé cuenta a los miembros de la subcomisión de que la denuncia fue aprobada.
El experto señaló que investigación podría retrasarse si la presidenta de la SAC decide posponer el informar a los miembros de la subcomisión sobre la aprobación de la denuncia.
“A veces hay demasiada carga de trabajo y la presidenta de la SAC retrasa un poco la oportunidad en la que pone en conocimiento de la subcomisión. Es práctica parlamentaria. Pero una vez que lo hace, empieza a correr el plazo para la investigación, la audiencia y todo lo demás”, dijo.
El proceso de acusación constitucional contra Castillo podría tardar un total de tres meses, según el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco.
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