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SE LOGRARON ALGUNOS CONSENSOS

Las primeras leyes que deja el Pleno sobre seguridad ciudadana

Congresistas sesionan este jueves para abordar la ola de criminalidad que vive el país.

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Congreso aprobó normas en el marco de la crisis de seguridad ciudadana que vive el país. (Foto: Andina)
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El Congreso de la República sesiona este jueves en un Pleno temático sobre seguridad ciudadana. Los legisladores se reunieron a las diez de la mañana y han debatido y votado diversas iniciativas.

Tras un largo debate, los parlamentarios procedieron a aprobar algunas normas que buscan hacer frente a la ola de criminalidad que vive el país.

Armas de electrochoque

La primera propuesta en ser aprobada y debatida es Ley que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio del Serenazgo Municipal, a fin de incorporar la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa del sereno.

La norma establece que "los medios de defensa según los recursos de cada municipalidad son los siguientes: grilletes de seguridad, escudos, bastones, tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistola eléctrica o de electrochoque".

Asimismo, en una de sus disposiciones complementarias se indica que los serenos que utilicen esta arma "deben ser capacitados previamente." Además, establece que el "Ministerio del Interior evalúa si el uso de la pistola eléctrica o de electrochoque debe ir obligatoriamente acompañado con cámaras de video corporales activas".

La congresista de Juntos Por el Perú Sigrid Bazán presentó una cuestión previa para que la propuesta regrese a la Comisión de Defensa. No obstante, esta medida fue rechazada. Posteriormente, la norma se aprobó en primera votación con 88 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta de la Comisión de Defensa, Adriana Tudela, solicitó que el proyecto sea exonerado de la segunda votación, propuesta que fue aprobada con 90 votos a favor.

 

Ley de control de líneas móviles

El Pleno del Congreso también aprobó el proyecto de ley tiene como finalidad precisar la localización y rastreo de móviles para la suspensión de línea, bloqueo de IMEI y otros. Esta norma había sido observada por la presidenta Dina.

El dictamen modifica los decretos legislativos 1182 y 1338. Busca precisar procesos como la identificación, localización y rastreo de teléfonos móviles. También propone la suspensión de líneas telefónicas, el bloqueo del código IMEI y la desconexión del servicio móvil cuando estos equipos sean usados en actividades delictivas o extorsión.

La autógrafa incluye tres proyectos de ley:

- 06717/2023-CR: Modifica el Decreto Legislativo N° 1182, permitiendo usar datos de telecomunicaciones para ubicar equipos en casos de delincuencia organizada.

- 6832/2023-CR: Da a las víctimas de extorsión la facultad de solicitar el bloqueo de la línea telefónica usada para amenazas.

- 7410/2023-CR: Autoriza a la Policía Nacional a solicitar el bloqueo de líneas móviles en denuncias por delitos contra el patrimonio, como la extorsión.

La norma fue aprobada por insistencia con 81 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La que no se aprobó

También se votó por la ratificación del acuerdo de Junta de Portavoces sobre el proyecto de ley 10423, que propone modificar la ley 29010, la cual faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú; y el decreto legislativo 1579 que autoriza el uso de los recursos de canon y sobrecanon en los gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana, para garantizar el fortalecimiento operativo de la PNP.

La norma buscaba que los gobiernos regionales y locales utilicen los recursos del canon y sobrecanon, así como fondos adicionales (como el FONCOMUN), para financiar inversiones en infraestructura y equipamiento para la Policía Nacional del Perú. Esto es con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del servicio policial.

Asimismo, se facultaba a la PNP a enviar a los gobiernos regionales sus necesidades en cuanto a infraestructura y equipamiento. Esto, a fin de que estos gobiernos identifiquen prioridades y financien inversiones que contribuyan a mejorar la seguridad.  Los gastos pueden incluir mejoras en la formación, salud policial, investigación y criminalística.

No se autoriza la compra de armas de fuego, municiones u otros tipos de armamento bajo esta normativa.

Aunque inicialmente se votó a favor de la ratificación del acuerdo de la Junta de Portavoces, posteriormente se aprobó una cuestión previa para que el proyecto retorne a la Comisión de Defensa. 

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