La nueva marcha contra la inseguridad ciudadana, programada para el jueves 6, volverá a politizarse. Esta sería un escenario ideal para que algunos partidos políticos y agrupaciones radicales aprovechen la presencia de los medios de prensa para hacer propaganda con miras a las elecciones de 2026.
CNUL vinculada al Movadef; Nuevo Perú y antauristas participan en movilización. Partido A.N.T.A.U.R.O. pide a militantes que hagan declaraciones a la prensa a tìtulo personal y no a nombre del partido.
Uno de los organizadores de la movilización, Julio Campos, que milita en el disuelto partido A.N.T.A.U.R.O. y es vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, dijo a Perú21 que no puede prohibir a las agrupaciones políticas adherirse a la movilización o que asistan sin sus banderas ni símbolos.
“No les puedo exigir ni tampoco les puedo prohibir. Todos tenemos el derecho de alzar la voz”, señaló.
Esto quiere decir que la nueva movilización contra la inseguridad ciudadana y la extorsión, organizada por sindicatos de transportistas, volvería a politizarse.
Perú21 informó, en transmisiones de octubre y noviembre del año pasado, que la agrupación política Nuevo Perú, de Verónika Mendoza; el disuelto A.N.T.A.U.R.O.; Perú Primero, partido de Martín Vizcarra; el CNUL, vinculado al Movadef, y grupos castillistas estuvieron en aquellas movilizaciones con claras intenciones electorales y políticas.
Los días 14 y 15 de noviembre, la movilización de los transportistas intentó llegar hasta la sede de APEC para entregar su pliego de demanda a las autoridades presentes.
Como un hecho que corrobora que en esa movilización se colaron agrupaciones radicales, este diario registró a dirigentes del Fredepa de Ayacucho —vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) y al Movadef, su brazo político— que también estuvieron en esa jornada.
Los representantes de ese grupo ligado a SL aprovecharon para pedir la libertad de su máxima dirigente Rocío Leandro, ‘camarada Cusi’.
PLIEGO DE RECLAMOS
Según Campos, el pliego de reclamos de la protesta del jueves es el mismo del año pasado: una lucha frontal contra la extorsión que sufren los transportistas formales e informales, la derogación de la ley de crimen organizado, que no se apruebe ninguna ley que tipifique el delito de terrorismo urbano y que no vuelvan a decretarse estados de emergencia porque “no han demostrado” que son una solución al problema.
Transmisiones de Perú21 de las protestas del 14 y 15 de noviembre del año pasado en el que dimos cuenta de la infiltración de partidos políticos en esas movilizaciones.
SABÍA QUE
-El 78% de la población desaprueba la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según una encuesta de Ipsos de enero último.
-Ocho de cada 10 peruanos se sienten inseguros al salir de sus casas, según otra encuesta de Ipsos de fines de 2024.
-El 80% de los transportistas paga un cupo a los extorsionadores, dijo Julio Campos.
-“Confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población y mucho menos por los transportistas”, dijo el premier Gustavo Adrianzén.
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